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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que este año seguirá con la ejecución de proyectos de remediación de pasivos ambientales de las actividades mineras e hidrocarburos, por un monto superior a los S/ 119 millones en varias regiones del país.
De acuerdo a los pliegos presupuestales 2024, el Minem transferirá recursos a favor de la empresa estatal Activos Mineros para ejecutar acciones de remediación ambiental en el subsector minería por un monto de S/ 80 millones que priorizará 13 pasivos.
Entre los proyectos para su remediación figuran: Aladino VI (S/ 1.3 millones), Azulmina 1 y 2 (S/ 1 millón), Caudalosa 1 (S/ 790,000), Caridad (S/ 2.2 millones), San Antonio de Esquilache (S/ 2.7 millones), Acobamba – Colqui (S/ 200,000), Pushaquilca ( S/2.5 millones), Los Negros (S/ 1.5 millones), Carhuacayán (S/ 29 millones), Santa Rosa 2 (S/ 38.5 millones), Chugur (S/ 50,000), Venturosa (S/ 50 millones) y Pacococha(S/ 50 millones).
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El Minem señaló que, durante el 2023, realizó transferencias a Activos Mineros por S/ 159 millones para el cierre de 775 pasivos mineros en las regiones de Cajamarca, Ancash, Lima, Pasco, Junín, Puno, Ica, Huancavelica, Apurímac, La Libertad y Tacna.
Hidrocarburos
Asimismo, el Minem podrá usar los recursos de sus saldos de balance para actividades destinadas a la remediación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos en Piura, Tumbes y Loreto, por un monto mayor a S/ 39.4 millones, que no demandarán recursos adicionales al Tesoro Público.
Para este propósito, el Ministerio de Energía y Minas aprobará previamente, mediante resolución, una relación priorizada de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos a remediar.
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En esa línea, el Estado iniciará en el segundo trimestre de este año la remediación de un primer grupo de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos de alto riesgo.
Cabe destacar que el Perú es reconocido por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) como el único país que provee presupuestos específicos para la remediación de los pasivos ambientales mineros, lo que pone en relieve la prioridad que otorga el Estado a esta materia.
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