Únete al canal de GestiónEl Gobierno del presidente Gabriel Boric entregó detalles de su estrategia nacional del litio con la cual apunta a duplicar la producción del metal en la próxima década.
Esto incluye declarar algunas áreas de importancia estratégica, otras abiertas para asociaciones público-privadas, un número libres para la inversión totalmente privada y algunas como reservas protegidas.
Dos de ellas, el Salar de Atacama, donde Chile produce actualmente todo su litio, así como Maricunga, se consideraron de importancia estratégica. Esto significa que los contratos futuros serán controlados por el Estado.
Las empresas estatales podrán negociar condiciones con socios del sector privado en otras dos áreas, mientras que se invitará a las empresas a expresar interés en otras 26 áreas en un proceso de licitación, dijeron ministros en una conferencia de prensa televisada el martes.
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Chile tiene en sus salares en el norte del país algunas de las reservas más grandes del mundo de litio, el ingrediente clave en las baterías de vehículos eléctricos. El Gobierno busca que las empresas estatales tomen el control de las asociaciones con el sector privado en las áreas más prospectivas. Las empresas privadas podrán controlar operaciones menos estratégicas.
Las empresas tendrán 60 días a partir de abril para solicitar más información sobre los salares abiertos a la inversión. A pesar de que los precios del litio comenzaron a caer el año pasado debido al exceso de oferta, las autoridades confían en que los inversores tomarán una visión a largo plazo para los proyecto.
Actualmente la estadounidense Albemarle Corp. y la chilena SQM son los únicos productores de litio en el país. Ésta última ha ido perdiendo participación de mercado debido a las estrictas cuotas de producción gubernamentales.
Mientras que el contrato de Albemarle se extiende hasta 2043, el de SQM vence en 2030. Como resultado, la firma con sede en Santiago acordó en principio entregar una participación mayoritaria en sus operaciones en el Salar de Atacama a la estatal Codelco a cambio de extender sus operaciones por tres décadas.
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