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En la noche del viernes 21 de este mes, el pleno del Congreso aprobó la ley a la que se denomina “agua en bloque”, que pretende que el Estado compre agua y contrate servicios de tratamiento de aguas residuales a empresas del sector privado.
Ya el viceministro de Construcción y Saneamiento, Javier Hernández, había adelantado a Gestión que esta norma busca unificar el periodo de contratación de abastecimiento de agua potable y tratamiento de agua residual a 25 años, en cada caso, para que luego la infraestructura desarrollada por el privado para el tratamiento del agua, pase a manos de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS).
Con la ley que aún está vigente, el plazo máximo de contrato con las empresas privadas es de 20 años para el abastecimiento de agua y de 6 años para el tratamiento de aguas residuales.
Cuestionamientos
Dentro del Poder Ejecutivo, hay posiciones divergentes sobre esta norma. Mientras que entidades como el Ministerio de Vivienda y Sedapal la apoyan, otras, como el Ministerio de Economía (MEF), ProInversión y Sunass, cuestionan su efectividad.
ProInversión cuestiona que la iniciativa no tenga opiniones de entidades competentes como el MEF, ya que la norma incide en el Sistema de Programación Multianual de Inversiones (Invierte), Sistema de promoción de la inversión privada y Sistema Nacional de Abastecimiento.
“Existe el riesgo que sea un mecanismo para exonerar a estos proyectos del Invierte, régimen de APP y las normas de contrataciones del Estado, socavando los controles y filtros que garanticen la competencia, idoneidad e integridad de los procesos”, señala.
Por su parte, Sunass refiere que no existen criterios que permitan a las EPS determinar si este mecanismo es una mejor alternativa frente a los procesos existentes como las APP u otras modalidades para la ejecución de obras. Refiere que esta debe ser una alternativa solo provisional.
Además, Gestión supo que en el MEF también hay cuestionamientos a la norma y su opinión será observarla cuando llegue al Ejecutivo.
Posición. Para Sunass, que el esquema de contratación a privados deje de ser temporal haría que proyectos de grandes montos de inversión, similares o incluso mayores a los realizados mediante APP, y tecnologías complejas, sean contemplados en la propuesta de las APP, lo que demandará mayores recursos financieros para su evaluación, que la Sunass no tiene previsto, y altos niveles de especialización.
Regulador envió carta aclaratoria
Previo al debate del viernes en el pleno del Congreso de la República, la Sunass envió una carta aclaratoria al presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, Darwin Espinoza, precisando que dicha entidad reguladora en ningún momento manifestó la viabilidad técnica y legal del proyecto de “agua en bloque”.
Esto, porque en el dictamen aprobado por la Comisión de Vivienda se señala que “se han recibido opiniones institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Sedapal y Sunass, las cuales coinciden en que la referida iniciativa tiene viabilidad técnica y legal”.
La carta refiere que, muy por el contrario de lo que se señala en el documento de la comisión, Sunass ha formulado observaciones al proyecto.
