Como lo adelantamos días atrás, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tenía previsto pedir facultades legislativas al Congreso y hoy oficializó la solicitud. Este viernes el Gobierno envió al Poder Legislativo el proyecto de ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.
Según el proyecto de ley enviado al Congreso, estas facultades legislativas se requieren por un plazo de 90 días calendario, contados desde que entre en vigor la ley.
Recientemente el titular del MEF, José Arista, precisó que con estas medidas se busca impulsar la reactivación económica, y que “hay algunas normas urgentes que tenemos que sacar”.
“Por ejemplo, en el caso de la recaudación, que es la parte fiscal y la cual más nos preocupa a todos los economistas, tenemos el impuesto al streaming (plataformas como Netflix), es decir, el Impuesto General a las Ventas (IGV) que está gravado”, dijo.
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¿Qué medidas se impulsarán?
El documento enviado por el Ejecutivo indica que con estas facultades el Gobierno buscaría emitir leyes que permitan simplificar las regulaciones para inversión pública, privada y público privada, así como en lo relacionado a la gestión de servicios públicos y el fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado.
También se espera legislar en materia de reducción de costos de transacción, acceso y competencia en servicios financieros, equilibrio fiscal, modernización del sistema tributario, y política criminológica y penitenciaria.
Asimismo, el Ejecutivo indica que se plantearían leyes relacionadas a desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Puerto de Chancay.
Otro punto en el que se espera legislar es el de seguridad ciudadana y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.
Además, precisan que estas facultades no solo permitirán impulsar la economía, sino también perfeccionar el régimen de recaudación de impuestos y fortalecer la lucha contra la evasión y elusión tributaria, así como reducir las futuras controversias vinculadas a la aplicación de normas de precios de transferencias.
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