Más de 87% de funcionarios no están aptos para manejar inversión pública

Según datos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), de su última evaluación (2020) a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.pe, el 87% de los servidores involucrados necesitan de capacitación para realizar sus funciones.

El exministro mencionó que esta cifra podría ser aún mayor teniendo en cuenta la alta tasa de rotación de funcionarios de los últimos años (que se detallará más adelante), lo que sugiere no solo un entorno de falta de capacidades, sino con una curva de aprendizaje -por seguir- marcada.

“De los operadores del sistema de inversión pública (en los tres niveles de gobierno), solo el 2% de los evaluados pasan con 18 el examen. Otro 11% solamente pasa. Eso significa que, para la inversión pública, alrededor del 90% de los funcionarios encargados de llevar estos procesos no cumple con los mínimo respecto a aptitudes y destrezas técnicas para llevar a cabo ello. Es algo que se ha visto ya hace mucho tiempo, pero actualmente se podría decir que las cifras no han mejorado y serían posiblemente mayores”, dijo Castilla.

Señaló que parte del problema también pasa por la atomización de gobiernos locales, y el poco atractivo que representan para personal más capacitado.

“Sugiere un problema, porque hay municipalidades pequeñas, alejadas y que pagan muy poco. Es mucho más difícil reclutar a talento bajo a esas condiciones. Hay unidades bastante heterogéneas, con municipalidades con más de un millón de personas, o ministerios gigantescos que tienen que pasar por el mismo sistema administrativo que una municipalidad con dos mil habitantes (el personal requiere la misma capacidad técnica que el de un municipio con elevado número de ciudadanos)”, anotó.

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Alta rotación de funcionarios

Carlos Casas, exviceministro de Economía, estima también que el porcentaje (de funcionarios no capacitados) ha aumentado luego del último sondeo, aludiendo a un “éxodo” de los mejores servidores públicos.

Sostuvo que será difícil volver a “atraer” a este personal, pues muchos se encuentran en el sector privado, que ofrece más estabilidad.

“No hay forma de retener talentos, pues no se cuenta con una ley de servicio civil de carrera pública, lo que termina en nuevos funcionarios inexpertos. Ha habido un éxodo de gente capacitada, en particular desde el 2021 y administración de (Pedro) Castillo, hacia el sector privado. El problema de incapacidad posiblemente se pudo haber agravado. Esta salida de talentos ha pasado por el mayor desprestigio del Estado al relegar perfiles técnicos en la alta dirección y la inestabilidad de estos mismos funcionarios. La incertidumbre gatilló salidas, y será difícil convencer a que vuelvan al Estado, en especial las de menor rango”, anotó.

Según expuso el exministro Castilla, la rotación de funcionarios ha sido “dramática” en los últimos años.

A manera de referencia, indicó que la permanencia promedio del gerente regional en Arequipa entre los años 2011-2014 cubría casi todo el periodo de gobierno, mientras que en Lima era dos años. Hoy los periodos son de uno (Arequipa) y medio año (Lima).

“Hay un colapso y una tasa de rotación que hace imposible aplicar cualquier tipo de cambio normativo. Si no se resuelve será un problema serio. [...] La atomización, la falta de capacidades y la rotación es un coctel que hace que el drama de gestión pública se agudice. No es algo que se resuelva por decreto, sino por estabilidad y una buena gestión”, indicó.

Además, acotó que el problema se repite en otras jerarquías gubernamentales, como las de orden ministerial.

“En el gobierno de Toledo y el segundo de Alan García, en promedio, un primer ministro duraba doce meses. Ahora hemos visto que el promedio es de menos de tres meses. La situación se decanta también en puestos de ministros, viceministros o directores de línea. Esto paraliza todo, pues se espera a que entre el nuevo jefe. Para qué se tomaría riesgo ejerciendo una discrecionalidad (en las decisiones) si es que seguramente se va a cambiar al titular”, apuntó.

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Se apunta a una mejora

Janeyri Boyer, presidenta ejecutiva de Servir, quien no indicó si el porcentaje de funcionarios que necesitan de capacitación aumentó o se redujo, mencionó que, de la mano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en el marco de Con Punche Perú, se trabajó una propuesta para fortalecer a los servidores que acompañen la inversión pública.

Añadió que los servidores públicos que se dirijan a estas funciones tendrán, como marco, perfiles que apruebe Servir (posiblemente la próxima semana), metas individuales y colectivas en torno a la ejecución presupuestal, y evaluaciones de medio término y fin de año (hechas también por Servir). El presupuesto sería de S/ 100 millones.

“El decreto de urgencia (002-2023) se permite contratar en dos vías. Gerentes municipales y regionales de las 25 regiones y alrededor de 260 comunas provinciales y distritales, a través de la ley de servicio civil. Además, poder contratar, en combo, un paquete de tres o cuatro directores de aquellos puestos que acompañan los proyectos de inversión pública (en abastecimiento, planeamiento, entre otros.) a través de contratos con el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG). Los gobiernos subnacionales podrían proponer talento local, pero nosotros definiríamos si cumplen con los requisitos o no”, afirmó la funcionaria.

Impacto de la incapacidad

Según Casas, en principio, el tener funcionarios con baja capacidades es parte de la explicación de los casi siempre bajos niveles de ejecución de inversión pública, pero sobre todo de la calidad de la misma.

Enfatizó también el correlato que este problema tiene con la insatisfacción social en muchas regiones, provincias y distritos del país, pues no se entregan los bienes y servicios que estos requieren, y si lo hacen, no es en el tiempo en que son más necesarios.

“Esto es el símil al back office (sectores y funciones administrativas que están detrás de la operación) de una empresa., que se asegura que se dé el bien o servicio en el momento que se requiere. El cliente está insatisfecho cuando no se le entrega su producto, y lo mismo es con el ciudadano. Por ejemplo, la compra fallida de la urea tuvo como marco la falta de capacidades”, indicó.

Por su parte, Luis Miguel Castilla, además de la baja ejecución de la inversión, se refirió al fuerte número de obras paralizadas muchas veces por falta de capacidad técnica.

Recientemente, el titular del MEF, Alex Contreras, indicó que hay 2,624 obras paralizadas, lo que representa más de S/ 20,000 millones en infraestructura.

“En el caso de las obras paralizadas, tiene como causas centrales incumplimientos contractuales por parte del Estado y expedientes técnicos deficientes. Eso depende directamente del capital humano disponible en cada entidad. Por otro lado, la baja ejecución (presupuestal) es en gran medida por procesos de licitación que quedan truncos, y esos procesos los llevan a cabo aquellos encargados de inversión pública de las entidades”, anotó.

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