El Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (Supnep) advirtió que más de 15,000 pescadores industriales se encuentran expuestos a la cárcel y quedarse sin trabajo en la segunda temporada de pesca de anchoveta, debido a la mala aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
Cabe recordar que en lo que va del año, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación iniciaron procesos administrativos contra las embarcaciones Kiana de Austral Group y Marina B de Hayduk, las cuales fueron incautadas y actualmente se encuentran en proceso de devolución; además de procesos penales contra la tripulación de ambas empresas.
“Son 40 pescadores que ya fueron afectados en su trabajo por la terrible aplicación de esta norma, lo que ha provocado que dejen de percibir más de S/ 2.4 millones por concepto de remuneración, utilidades, beneficios sociales y compensatorios, entre otros”, sostuvo, Franklin Gonzales, secretario general de Supnep.
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El dirigente anotó que el Poder Judicial y la Fiscalía están criminalizando su labor y tergiversando el objeto para el cual fue creada que es combatir a las organizaciones criminales, que generan sus ingresos practicando actividades ilícitas, como el narcotráfico, tráfico ilegal de especies protegidas, defraudación tributaria, entre otras.
“Nos están catalogando como organización criminal solo por cumplir con nuestra labor. Si bien es cierto en las redes de cerco puede ser capturada una especie distinta a la permitida o en tallas menores sin sobrepasar el límite permitido; no lo hacemos adrede sino porque aún no hay la tecnología para seleccionar las capturas que realizamos”, explicó.
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Protesta frente a PRONABI
La tripulación de la embarcación Kiana de Austral Group, protestó hoy frente a la sede de Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), exigiendo que la entidad cumpla con devolver la embarcación pesquera KIANA a Austral Group, como parte de la indicación dada por el juez del Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio, José Cáceres Haro.
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Uso indebido de la norma
El presidente de la Asociación de Contribuyentes, José Beteta, consideró necesario revisar la norma de extinción de dominio, ya que viene siendo usada como instrumento para atacar a la empresa privada, mediante incautaciones de embarcaciones, vehículos y tierras agrícolas.
Comentó que el mal uso de la extinción de dominio está ocurriendo también en la agricultura, y que varias ONGs estarían detrás de este mecanismo para atacar a la empresa privada sin ningún escrúpulo.
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