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¿Qué se alista en el Congreso para las prácticas preprofesionales y profesionales? Existen por lo menos dos proyectos de ley -uno del parlamentario Jorge Flores Ancachi, de Acción Popular, y otra de la congresista, Rosangela Barbarán, de Fuerza Popular- que tienen como propósito que las prácticas preprofesionales y profesionales sean reconocidas como experiencia laboral en instituciones públicas y privadas.
De acuerdo a la propuesta del parlamentario de AP lo que se pretende es que las modalidades formativas serán consideradas como experiencia laboral -para tal efecto- “serán computables en los procesos de convocatoria laboral y concursos públicos que se convoquen en el ámbito público y privado”.
Incluso establece que la subvención mensual de los jóvenes que realicen prácticas preprofesionales y profesionales, no deberá ser inferior a una remuneración mínima mensual. Igualmente, elimina el articulo 9 del Decreto Legislativo 1401 que se señala que -en el sector público- se podrá validar el último año de prácticas preprofesionales como experiencia profesional.
Mientras que la propuesta legislativa de Rosangela Barbarán plantea que las prácticas preprofesionales y profesionales sean reconocidas como experiencia laboral tras superar un periodo de actividades de al menos tres meses.
¿Qué impactos podría tener ambas propuestas de tener luz verde? Katy Noriega, asociada senior del Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), explicó lo que se busca con ambas iniciativas es que un joven que desea postular a una entidad pública o privada -que únicamente ha hecho prácticas- está sea contabilizada como años de experiencia laboral.
“Ambos proyectos de ley tienen buenas intenciones, pero en la práctica no resuelve los problemas de fondo referidos al empleo juvenil”, detalló a Gestión.
Si se pone en práctica -comentó la abogada- lo que va a generar es que un joven, por ejemplo, cuando presente su CV para una plaza en el Estado con dos años de experiencia, que en realidad fueron dos años de prácticas profesionales y que no implica una experiencia real, sea valorado al mismo nivel que otro postulante que sí tiene dos años de experiencia laboral o trabajo.
“Ambos proyectos de ley están generando una ficción. Lo que quiere decir que en el Estado -por ejemplo- se va a tener para una misma plaza a una persona que únicamente ha realizado prácticas profesionales, con la supervisión de alguien, que va a decir que tiene la misma experiencia que otra persona que ha trabajado en el mundo real y con experiencia profesional. Si bien el objetivo que se busca es bueno, como impulsar la contratación de jóvenes, el problema radica en la forma”, apuntó.
De acuerdo a la OIT -recordó- hay otras formas de impulsar la contratación de jóvenes como promover incentivos fiscales para la contratación de jóvenes o que las mallas curriculares de los universidades e institutos contengan prácticas para que los jóvenes no solo tengan conocimiento teóricos sino también prácticas al egresar de las mismas.
“Para el sector público que se ponga en el mismo escalón a un persona sin experiencia y otra con experiencia real, no solo promueve actos de corrupción, sino que precariza el empleo juvenil”, puntualizó.
