El Congreso busca ampliar las facultades de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), para que también supervise el cumplimiento de la normativa sociolaboral en todas las entidades públicas.
Actualmente la Sunafil fiscaliza a las empresas del sector privado y solo a las entidades del sector público bajo el régimen de la actividad privada (empresas del Fonafe, entidades reguladoras, entre otras). Pero existen otros regímenes del sector público donde no fiscaliza la Sunafil, como el régimen del Decreto Legislativo 276, Ley del profesorado, Ley de carrera judicial, Ley de profesionales de la salud, Contrato Administrativo de Servicios (CAS), entre otros.
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El pasado martes 13 de febrero del 2024 la Comisión de Trabajo del Congreso, en sesión extraordinaria, aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley N° 6200/2023-CR, el cual amplía las facultades de Sunafil para fiscalizar a toda empresa o entidad pública, al margen de su régimen laboral.
El proyecto -presentado por Pasión Dávila (Bloque Magisterial), quien también es presidente de la Comisión de Trabajo- recibió 7 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Tras su aprobación en la citada comisión, el proyecto ahora deberá ser visto en el Pleno del Congreso, cuando en marzo inicie la próxima legislatura.
El sustento del proyecto de ley señala que se busca cubrir una carencia, pues no existe un ente especializado en la fiscalización en materia sociolaboral para el sector público. “Ese vacío hace que los servidores públicos se encuentren en indefensión en materia laboral, a diferencia de sus pares del sector privado, que sí tienen el apoyo de la Sunafil”, señaló el congresista Dávila.
Agrega que Servir cuenta con capacidades fiscalizadoras, pero en temas de gestión administrativa de los recursos humanos, pero no en temas sociolaborales, en relaciones individuales o colectivas de trabajo, ni en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El proyecto de ley también indica que en las entidades públicas, se considerará falta disciplinaria grave a la acción u omisión que incumpla la normativa o desnaturalice la normativa sociolaboral.
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Al respecto, los abogados laboralistas consultados si bien consideraron positivo el objetivo del proyecto, dudan de que tenga un efecto significativo, pues Sunafil carece de los recursos suficientes para cumplir con esta labor.
La falta de recursos ha generado que actualmente resulte escasa la labor de inspección de la Sunafil en las entidades públicas bajo el régimen privado, indicó César Puntriano, abogado laboralista del Estudio Muñíz.
“La actuación de Sunafil en las entidades públicas con régimen privado ha sido muy limitada, no se ve fiscalización, pues Sunafil concentra sus esfuerzos en el sector privado. De aprobarse esta ley, no sé si el panorama cambie mucho, tengo mis dudas”, refirió Puntriano.
Agregó que actualmente Sunafil cuenta con menos de 1,000 inspectores para actuar a nivel nacional. “Estos no se dan abasto para inspeccionar a las empresas privadas, menos podrían cubrir ahora a todas las entidades públicas”, remarcó.
Indicó que el Congreso no tiene facultad para dar más recursos públicos a Sunafil para cumplir con una nueva labor, sino que ello dependerá de la voluntad del Ejecutivo.
De no darse más recursos a Sunafil para cumplir estas nuevas funciones, su labor sería más reactiva, antes que proactiva; es decir, que mayormente actuaría cuando reciba una denuncia de un trabajador, agregó Puntriano.
“Se generaría una aplicación residual para los casos de denuncia, pero la idea es que su labor también sea proactiva, con aspectos de inteligencia inspectiva, pero veo poco probable que ello se pueda aplicar sin presupuesto”, anotó.
Por su parte el abogado laboralista Germán Lora, Socio de Damma Legal Advisors, refirió que el foco de la sanción debería estar en el funcionario público antes que en una multa a la entidad pública, pues estos recursos saldrán del Estado.
“La propuesta no es mala pero habría que pensarla un poco más. Si la multa va a la entidad, al funcionario le importará poco, pues no es su dinero, sino del Estado. La medida de presión debe ser hacia el funcionario”, subrayó.
En esa línea, refirió que la medida de sanción a un funcionario la podría implementar Servir. “No creo que sea tan fácil que Sunafil pueda adaptarse a la fiscalización en el Estado. Quizá un organismo dentro de Servir podría trabajar el tema”, anotó Lora.
Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
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