Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso de la República genera controversia. Los cambios que se proponen respecto a las implicancias de los exámenes médicos ocupacionales elevarían los costos laborales de las empresas, advirtieron analistas.
Tras pasar un examen médico ocupacional, el trabajador puede ser declarado no apto para continuar con sus labores. En esos casos, actualmente, el empleador puede reubicarlo en otro puesto, pero de no haber alguno disponible, puede acordar un periodo de suspensión perfecta de labores; es decir, el trabajador no laborará y no será remunerado.
Esta alternativa quedaría expresamente prohibida con el proyecto de ley N° 13911. “Queda prohibida la aplicación de la medida de suspensión perfecta de labores, u otra similar, que tenga por motivo los resultados de los exámenes médicos u otro procedimiento de vigilancia de la salud ocupacional”, señala la iniciativa legislativa presentada el 6 de febrero del 2026 por el congresista Jaime Quito (Bancada Socialista).
“Si el proyecto se vuelve ley, cuando la empresa no tenga dónde reubicar a ese trabajador, lo mandará a su casa con goce de sueldo. Me parece excesivo. Y alguien tendrá que reemplazarlo; se crea un sobrecosto laboral”, subrayó César Puntriano, abogado laboralista del estudio Muñiz.
Explicó que en el caso de actividades de riesgo los exámenes ocupacionales son anuales. Y en los puestos que no son de riesgo, estos exámenes se realizan cada dos años.
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Por su parte la abogada laboralista Aymé Límaco, asociada principal del estudio +Laboral, subrayó que la medida propuesta no se justifica. “Si un trabajador tras el examen ocupacional sale como no apto, no puede continuar laborando. Y no porque el empleador no quiera, si no porque representa un riesgo para el propio trabajador o sus compañeros”, sostuvo.
“Por ejemplo, si soy conductora de un tractor y en el examen médico sale que no veo o no escucho bien, no puedo regresar a trabajar, pues puedo accidentarme o atropellar a alguien. Esa es la lógica para que paralice sus labores”, refirió Límaco.
“Se plantea que la empresa tenga que seguir pagando a ese trabajador, sin laborar. Eso genera un sobrecosto, pues además la empresa tendrá que pagar a la persona que la reemplace. Pagaría por dos puestos y tendría la prestación solo de un trabajador”, remarcó.
Más gastos relacionados a los exámenes ocupacionales
El proyecto de ley también establece que en el caso de las actividades de riesgo, el empleador deberá asumir la totalidad de costos asociados a exámenes médicos ocupacionales.
“Estos incluyen alimentación, estadía y movilidad desde el domicilio del trabajador hasta el establecimiento de salud y viceversa cuando el examen se realice en centros de salud fuera del centro de trabajo, así como la totalidad de los costos generados por los exámenes complementarios (interconsultas o levantamientos de observaciones)”, señala la iniciativa legislativa.
Sobre ello, los analistas también advirtieron que se generan sobrecostos injustificados. “El empleador no tiene que asumir costos de traslado. Es como exigir que la empresa asuma el costo del trabajador por transportarse a la oficina. Y tampoco la alimentación ni estadía. Están partiendo del supuesto de que los exámenes son en una localidad diferente a la que se trabaja, pero no es así”, indicó Puntriano.
En esa misma línea, Aymé Límaco recordó que actualmente el empleador ya asume el costo de los exámenes. “Pero con el proyecto, además de ello, si a un trabajador le detectan obesidad, la empresa tendría que cubrir gastos del nutricionista o de un entrenador”, cuestionó.
Otro proyecto de ley propone acabar con la intermediación laboral
César Puntriano también advirtió sobre la reciente presentación del proyecto de ley N° 13907, a cargo de Américo Gonza (Perú Libre), el cual elimina “los services, la intermediación y tercerización laboral”.
“Es un proyecto populista y contrario a la Constitución. No puedes prohibir la intermediación o tercerización, pues son figuras que se inspiran en la libertad de empresa, que está reconocida en la Constitución”, subrayó Puntriano.
“Lo que sí se puede hacer es buscar evitar el fraude. Que no se tercerice para afectar los derechos laborales. Pero prohibir la figura no tiene sustento”, anotó el especialista.
Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
