Comisión de Trabajo pretende reducir jornada laboral por cambios en refrigerio

Uno de estos textos -que tuvo luz verde en la Comisión de Trabajo- busca que se incluya el refrigerio como parte de la jornada laboral. Lo que significaría que si se labora 48 horas semanales, como refire la ley, ahora el trabajo como tal sería dealrededor de 42 horas, según el abogado laboralista, Jorge Toyama.

Es decir, en la práctica, se reduciría la jornada laboral. “El refrigerio es de 45 minutos a 1 hora diaria. Por ejemplo, en el caso de los administrativos, si trabajan 40 horas semanales, divididas en 8 horas por cinco días a la semana, ahora va a trabajar unas 35 horas”, dijo.

Toyama consideró que una medida como esta es un duro golpe, pues va a reducir la productividad del país porque las personas trabajarán menos. Es más, subrayó que el proyecto usa ejemplos de países de la OCDE, e incluso de Colombia, al que le tomó tres años adecuarse a una nueva jornada.

Por su parte, César Puntriano, abogado laboralista, recordó que la norma vigente indica que el tiempo mínimo de refrigerio es de 45 minutos y se destina para la ingesta de alimentos, pero también para el descanso. Por lo que, si avanza la iniciativa, el empleador le pagaría por descansar al trabajador.

“Durante el tiempo de refrigerio, el trabajador no está realizando su prestación de servicios, no está laborando, no está a disposición del empleador. Es un tiempo que tiene para descansar. No hay sentido en que se le retribuya por dicho descanso”, dijo.

Ambos coincidieron en que esta propuesta también encarecería los costos, pues si el empleador quisiera que su empleado continúe trabajando las mismas horas que ahora, ya se considerarían horas extras. Esto afectaría considerablemente a las mypes.

Trabajadores sindicales

La Comisión de Trabajo también aprobó el predictamen del proyecto de ley que busca otorgar mayor protección a trabajadores sindicalizados, así como al derecho a huelga.

El texto plantea que, para poder despedir a un trabajador que cuente con la protección del fuero sindical, el empleador primero deberá acudir al Poder Judicial para que un juez determine si la causal de despido es objetiva y, por ende, si el despido sería legal.

Al respecto, Elizabeth Zamudio, asociada del estudio Echecopar, indicó que dichos procesos “podrían tardar años”, por lo que un empleador podría tener que mantener en planilla a un trabajador por dos años o más pese a que cuenta con una causal objetiva para despedirlo.

Además, el proyecto contempla modificar el procedimiento para indicar qué puestos de las empresas son necesarios para mantener su operación.

Cada enero, las empresas que realicen servicios esenciales deben nombrar dichos puestos; como consecuencia del nombramiento, los trabajadores que realizan labores en dichos puestos no pueden ir a huelga. El proyecto propone, sin embargo, que los sindicatos puedan mostrar su desacuerdo frente al nombramiento de puestos esenciales realizado por la empresa.

Otro cambio que plantea el proyecto es que las personas naturales puedan asociarse directamente a la federación o confederación de la rama de negocio a la que pertenecen y que sean ellas las que negocien con la empresa empleadora. Zamudio señala que ello “desnaturalizaría la negociación de segundo y tercer grado”, ya que se supone que sean los sindicatos los que traten con las empresas.

Prácticas profesionales

Y, en el último pleno del Congreso se dio luz verde al dictamen que reconoce las prácticas preprofesionales y profesionales como experiencia laboral.

Si bien esta iniciativa tiene una buena intención, no necesariamente logrará que haya incentivos para la incorporación de más jóvenes a planilla, consideró Toyama.

En su opinión, esto podría impactar más para el sector público, pero en el caso del sector privado, una empresa podría cambiar sus requisitos: por ejemplo, en vez de pedir un año de prácticas profesionales y dos de experiencia laboral para un puesto, se podría solicitar tres años de experiencia laboral.

Centrales sindicales rechazan “escuela sindical”

Las cuatro centrales sindicales: CUT Perú, CGTP, CATP y CTP, enviaron una carta (de fecha 17 de diciembre) a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, para rechazar su invitación al lanzamiento de una “escuela sindical”, impulsada por la cartera.

“Consideramos que no corresponde al Gobierno unilateralmente realizar este tipo de iniciativas, ya que la formación sindical corresponde exclusivamente a la autonomía de las organizaciones sindicales y que cualquier iniciativa del Gobierno, al respecto, merece sin lugar a duda una coordinación institucional con el movimiento sindical a través de las centrales sindicales”, se menciona en el texto.

Ante ello, las centrales también pidieron una reunión formal -para la que están esperando que se defina una fecha y hora del encuentro “a la brevedad posible”- con la titular de la cartera de Trabajo para tratar este tema y se pueda definir qué hacer alrededor de este, finaliza el documento.

JORGE TOYAMA: Informales esperan atención del Estado

Socio de Vinatea & Toyama

Tanto a nivel del Congreso como del Ejecutivo, aún no se aprecia un marcado interés por los problemas centrales laborales del país, como la informalidad y el subempleo. Las iniciativas y el interés se han concentrado sobre los que más tienen o tienen algo respecto de los que poco tienen o no tienen; hay un mayor interés en el mundo formal que en realidad son los que están “un poquito” mejor, o por lo menos tienen herramientas. Pero un trabajador informal de una microempresa, un trabajador independiente, un trabajador del área rural, un trabajador que labora en el sector público con maestrías y doctorados (pero no mejora de puesto) están esperando la atención del Estado.

La obsesión debería ser dar protección social, dar seguro. Parece que el covid-19 no nos ha dado enseñanzas. Nos faltan mecanismos de incentivos y promoción a la protección social; o qué incentivos tiene una empresa para contratar jóvenes en planilla.

Es cierto que el Estado ha trabajado en programas de empleo temporal, pero no son sostenibles, son un paliativo temporal.

Ministra de Trabajo se retracta tras declaraciones sobre trabajadores de agroexportación: Durante una entrevista, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, señaló que uno de los retos que tiene su despacho es disminuir la informalidad. Frente a ello, comentó en RPP que se plantearía una estrategia enfocada en 1′200,000 trabajadores informales que laboran en empresas formales, donde “la mayoría son del sector agroexportador”. Es más, agregó que el 90% de trabajadores de este sector estaban en la informalidad. Estas declaraciones hicieron eco en los agroexportadores, quienes mencionaron que no era cierto lo dicho por la titular de Trabajo (ver página 15). Así, Chávez tuvo que retractarse ayer por la noche. “Me permito dar una aclaración. Hay una agricultura rural, agricultura familiar, y sector agroindustrial. Es en el grupo de la agricultura rural o familiar donde más del 90% pertenece al sector informal”, señaló Chávez en “Punto Final”. En otro momento, reiteró que en enero del 2022 se buscará iniciar la revisión de la remuneración mínima vital (RMV), y que el bono 210 a trabajadores formales se pagaría hasta marzo.

Enero sería el mes para el retorno al trabajo presencial

Una reciente encuesta realizada por PwC Perú reveló que el 77% de empresas -siete de cada diez- ya retornaron a las oficinas durante el 2021 o planean hacerlo en el 2022, principalmente en el mes de enero, según han respondido el 30% de las compañías consultadas.

Modalidad

La modalidad del retorno es principalmente una combinación entre lo presencial y lo virtual (80%); mientras que el 20% restante será en jornada completa.

“Seguramente la asistencia al centro laboral será inicialmente por días en un modelo híbrido entre remoto y presencial, lo cual demanda una planificación más estructurada para definir los días y las labores a realizar en las oficinas. Este nuevo modelo de trabajo seguirá perfeccionándose y formará parte de la nueva normalidad que se vislumbraba al inicio de la pandemia”, señaló Óscar La Torre, socio de Consultoría de Negocios de PwC.

Cabe recordar que -hasta la fecha- se prorrogó el trabajo remoto hasta el día 31 de diciembre del 2021.