La ejecución de la obra Majes Siguas II seguirá en marcha aún bajo el proceso de arbitraje de inversiones que inició la empresa española Cobra contra el Estado peruano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Mediante un comunicado de prensa, señalaron que un equipo técnico del ministerio está gestionando los mecanismos oportunos para continuar con el proyecto sin esperar la conclusión del procedimiento.
El monto que Cobra reclama, registrado por la Secretaría del Ciadi el 16 de octubre de 2024, asciende a US$1.400 millones.
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Antes de que la concesionaria llevara al Perú ante el Ciadi, Rohel Sánchez, gobernador de Arequipa, le había solicitado a Cobra explicar qué pasó con los US$56 millones que el Gobierno central le entregó para la ejecución de proyecto Majes Siguas II.
“Hemos solicitado reiteradas veces que haya una definición del tema porque necesitamos que la concesionaria se pronuncie e informe en qué se invirtió los US$162 millones que se le entregó como Gobierno peruano para la ejecución de obras y, a simple vista, no hay ningún avance en los trabajos. Hasta el momento, solo justificaron una inversión de US$106 millones y se desconoce dónde están los otros US$56 millones restantes”, señaló entonces Sánchez.
Frente a este panorama, Ángel Manero, titular del Midagri, venía reiterando que su cartera trabajaba en una estrategia para solucionar el conflicto con la concesionaria. Las proyecciones de inversión para la realización del proyecto ascienden a US$ 654 millones, con un impacto económico estimado en S/ 4,300 millones a largo plazo.
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Como se sabe, Majes Siguas es una importante obra de irrigación que convertirá a la región Arequipa en el mayor polo exportador del sur del país. Su despliegue beneficiará a más de 350,000 habitantes de la región y abarcará alrededor de 38,500 hectáreas de tierras agrícolas, focalizadas principalmente en la agroexportación.
Como parte de su compromiso, destinará 18,000 hectáreas a pequeños productores locales, lo que reforzaría la seguridad alimentaria.