Arequipa intentará extender fecha límite para activar caducidad de Majes Siguas hacia abril 2021

Es decir, la empresa le indica que si hasta esa fecha (30 de octubre) no se llegan a acuerdos, se activará la caducidad del contrato.

Ante este panorama la autoridad regional busca ahora modificar la fecha límite establecida –para que se active la caducidad del contrato– hasta abril del 2021 según explicó a Gestión.pe el Gobierno Regional de Arequipa tomando en cuenta dos aspectos que han sido obviados por el concesionario desde la óptica regional: que no se habría activado correctamente el proceso de caducidad y que tampoco se tomó en cuenta el tiempo de parálisis nacional por efecto de la pandemia del COVID-19 lo que retrasó el cumplimiento de los hitos acordados.

“La concesionaria (Cobra) nos envía una carta en donde inicia el procedimiento de caducidad de Majes Siguas, ante ello le estamos respondiendo (a través de una carta remitida el 8 de octubre) indicándole que ha activado mal el procedimiento de caducidad por dos razones esenciales”, detalló el gerente regional de la Promoción de la Inversión Privada de Gore Arequipa, Augusto Palaco Toro.

El primero está relacionado –explicó– a que las actas de suspensión no prevén que estás queden sin efecto ante cualquier incumplimiento de cualquiera de las partes. “Es más lo que prevé las actas es que si hay un retraso, nos reunimos entre las partes (Gore y concesionaria) y de mutuo acuerdo acordamos las ampliaciones que sean necesarias”, sostiene.

“Estas actas no prevén que pase lo que pase, de cualquiera de las partes, si no se cumple el hito establecido se dejé sin efecto, prevé lo contrario, que se den ampliaciones. Por lo tanto –y mira que no estamos asumiendo que se debe de ampliar– solo le estamos diciendo (a Cobra): no puedes resolverme (el contrato) el 30 de octubre. Si no quieres ampliarme más, no me amplíes pero en principio se tendría que activar el periodo de caducidad desde el 30 de octubre”, agregó.

Lo segundo que le manifiestan a Cobra –afirmó– es que tampoco se está considerando el periodo de pandemia por efecto del COVID-19 tomando en cuenta que las actas de suspensión se firmaron antes de este suceso. “No se pudo haber avanzado (con los hitos establecidos) debido a que el Estado como tal estuvo paralizado, por lo tanto lo que le decimos al concesionario es que a partir del 30 de octubre me de un plazo similar al de la cuarentena, la que calculamos será hasta el 17 de abril del 2021, para cumplir con los hitos pactados y activar recién la caducidad del contrato”, afirmó.

Cabe precisar que los hitos que no se han cumplido están relacionado básicamente al tramite correspondiente para la aprobación de la Adenda 13 (que implica un cambio tecnológico) –presentada hace dos años– la que debió tramitarse en las instancias correspondientes (de acuerdo a las actas de suspensión): primero ante ProInversión hasta el 24 de agosto para pasar al Ministerio de Economía y Finanzas (hasta el 19 de setiembre) y en octubre debió estar en manos de Contraloría y por último ser visto por el Consejo Regional.

El funcionario precisó que la carta remitida es una contestación sobre la forma en que se activó la caducidad del contrato. “La concesionaria nos tiene que contestar si es que está de acuerdo o no. Sería ilógico que no me dé un plazo similar a la pandemia, tomando en cuenta que es un caso fortuito de fuerza mayor”.

En ese contexto, mientras se espera la respuesta de Cobra se está asumiendo como fecha límite para activarse la caducidad del contrato el 30 de octubre más 15 días adicionales. Añadió que si el concesionario acepta las condiciones planteadas, se tendrá con más tiempo para efectuar una contestación de fondo respecto a los ‘supuestos incumplimientos’ cometidos por del gobierno regional.

“Como este es un contrato de prestaciones recíprocas, así como yo (Gore Arequipa) tendría que demostrar los supuestos incumplimientos que invocan, nosotros tendríamos que preguntarles (a Cobra) donde está su cierre financiero, las pólizas seguros de las infraestructura mayores y sus CIRAS”.

Palaco Toro precisó que antes del envió de la carta han sostenido hasta dos reuniones con el concesionario en la que “han manifestado que su voluntad no es abandonar el proyecto, por el contrario su deseo es ejecutarlo, pero sienten que deben ejercer presión al Gobierno Central ante la inacción para el otorgamiento de la garantía soberana”.

Ya que, como se recuerda, una alternativa para evitar que el proyecto se paralice era que el Gobierno Nacional otorgue la garantía que se requiere para financiar los US$ 104 millones necesarios para aplicar el cambio tecnológico (Adenda 13) que permita asegurar una mayor provisión de agua al proyecto, pero el MEF no estaría de acuerdo con ello.

Ante ello, el Plan B desde Gore Arequipa es que el Congreso apruebe el otorgamiento de la garantía soberana antes del 30 de octubre en el mejor de los escenarios. Justamente en la última sesión de la Comisión de Presupuesto se aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 5 del decreto de urgencia de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2020 para que se autorice al Gobierno Nacional otorgar o contratar garantías soberanas.

¿Qué pasa si el concesionario rechaza la propuesta de Gore Arequipa? Al respecto, el gerente regional comentó que si es rechazado, continúa el plazo de caducidad. “Si ello ocurre, lo primero que se discutiría en un arbitraje es que si tenía o no tenía la razón para llevar el contrato a caducidad en esa fecha. No hay que ser un experto en derecho para darse cuenta que primero -lo reitero- no podían invocar la caducidad porque tenemos actas que no prevé la resolución unilateral, y más importante, es muy complicado desconocer el plazo de pandemia”.

El funcionario precisó también que se han hecho cambios a la Adenda 13 la que difiere ‘bastante de la que fue presentada a la gestión anterior'. “Por ejemplo se ha aumentado los puntos de agua de 90 a 200 lo cual permite que las macroparcelas no sean de 400 hectáreas sino de 200 lo que hace factible que puedan participar en las subastas compañías agrícolas pequeñas y medianas”.

Dato: Hasta el momento, Majes Siguas II tiene un avance del 20% con 800 metros de túnel construido, una tuneladora paralizada y una inversión realizada por la empresa estimada en US$ 700 millones.

Si no hay un acuerdo para destrabarse el proyecto de irrigación, su paralización podría llevar a la postergación de inversiones por US$ 3,150 millones en Arequipa e incluso su reactivación podría retrasarse tres años.

De resolverse el contrato –según supo este diario– retomar la ejecución de Majes Siguas II podría tomar hasta 10 años considerando las diversas etapas que se tendrán que dar a partir de que se concrete la salida de la empresa concesionaria.

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