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Después de la vertiginosa situación que vivió Lima el último martes, con la paralización de los cuatro concesionarios que brindan el servicio del Metropolitano, la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó el miércoles que el servicio de buses había sido reestablecido al 100%.
Esta fue la tercera vez en que las empresas: Transvial Lima, Lima Vías Express, Perú Masivo y Lima Bus Internacional dejaron de operar exigiendo el pago de S/ 56,5 millones por pérdidas entre setiembre y noviembre a causa de la reducción de aforo como medida protocolar para evitar contagios del COVID-19, lo cual afectó a unos 150,000 pasajeros.
El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, opina que esta situación se dio por una ausencia de previsión por parte de funcionarios del Estado que debían haber proyectado que la pandemia duraría varios meses.
Según la actual negociación, si la operación de las empresas del Metropolitano se veía afectada por situaciones impredecibles, como un terremoto, el Estado estaba obligado a pagar a los concesionarios. Sin embargo, la pandemia no duró un día sino varios meses y tal como señala Candia, limitar el aforo en los buses del Metropolitano no fue simple capricho.
“Sería bueno conocer si el negocio que se ha hecho con las empresas esta recompensado o es un exceso del pago que se está haciendo por compensación. Habría que preguntarse cuál es la pérdida que han tenido estas empresas y si ese dinero lo está compensando. Se debió negociar en su momento, no ahora cuando el dinero a pagar es fuerte”, dijo a Gestión.pe.
Reforma del Transporte
Tal situación hace colocar sobre el tapete el cuestionamiento si en realidad está existiendo una idónea reforma del transporte en el Perú. El representante de Luz Ámbar menciona que uno de los factores que afectó la tarea de la ATU fue la pandemia así, como su demora de tiempo en iniciar funciones.
“Creo que por un lado un factor negativo en gran medida ha sido la pandemia. Lo otro es que la Municipalidad de Lima haya demorado mucho tiempo en entregar Protransporte a la ATU. Pero tampoco no podemos dejar de ver que la ATU ya tiene dos años y concretamente todavía no se ve una acción clara. Ha pasado el tiempo y no se ha avanzado casi nada”, sostiene Quispe Candia.
Otro factor clave que limita la reforma del transporte es la presencia del transporte tradicional, que ocupa más del 70% de los viajes diarios, mientras que los corredores, Metropolitano y Línea 1 se dividen el resto de la demanda. En tal sentido, hay un mayor uso de combis y coaster.
Para Alfonso Flórez, gerente de Transitemos, la reforma del transporte es un largo proceso que demorará 20 años porque el Perú se encuentra atrasado 80 años y tal situación no se resuelve en poco tiempo.
“Hay que tener paciencia y dejar trabajar a la ATU, que sin dinero no puede funcionar. Se debe cambiar el modelo comisionista-afiliador por el empresarial, para ello es necesario el dinero de los operadores y Estado”, agregó.
Como se recuerda, la ATU fue creada en diciembre del año 2018 y comenzó a entrar en operaciones en octubre del 2019. Sin embargo, cinco meses después, llegó la pandemia al Perú. Según Transitemos tal situación limitó que desarrolle mucho más sus operaciones.
En tanto, Quispe Candia confía en que la presidenta de la ATU, María Jara, realice una gestión que permita al país tener una reforma del transporte, aunque considera que este organismo debería tener mayor proactividad.
