Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga | Captura de video / Municipalidad de Lima
Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga | Captura de video / Municipalidad de Lima

En conferencia de prensa que dio junto a 8 alcaldes cuyos distritos serían perjudicados por los retrasos en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, exhortó a esas autoridades ediles involucradas a tomar juntos, medidas de resarcimiento por los presuntos perjuicios que ocasionan dichas demoras.

El sustento del alcalde, según afirmó, es que el contrato habría surgido presuntamente de la corrupción, dado que si bien su concesionario, la empresa Metro de Lima Línea 2 S.A. ganó el proyecto vía licitación, el contrato para el proyecto fue diseñado por Odebrecht.

En base a ello, López Aliaga planteó a los alcaldes llevar a cabo una demanda ante el Ciadi (para que se deje sin efecto el contrato de concesión) donde se demuestre que (el contrato) “nació corrupto y ganamos”.

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Plantea cuantificar horas-hombre perdidas

Asimismo, indicó que les ha propuesto a los alcaldes contratar a una empresa internacional que cuantifique las horas-hombre perdidas, y los negocios quebrados, por el cerramiento de vías en los distritos afectados por los nueve años de retrasos en las obras para este proyecto.

“Cuánto vale eso, varios miles de millones de dólares. Así como hacen arbitrajes y le sacan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) US$450 millones, le sacan plata por todo lado porque el contrato está mal hecho, huele a corrupción, tiene el tufo de la corrupción”, aseveró.

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Pide al ministro de Transportes “salir de su cueva”

Igualmente, el burgomaestre capitalino exhortó al titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes, a que ponga por escrito, el compromiso que habría asumido la concesionaria de concluir las obras de la estación central de la Línea 2, en un plazo no mayor de 13 meses.

“Sentémonos ministro, salga Ud. de su aislamiento, de su cueva, de su refugio, y dé la cara, que se respete lo que Ud. firmó: 13 meses, y por cada día de demora, (que la empresa pague) una penalidad de por lo menos US$500,000 por día (de retraso) por lo menos para empezar”, fustigó.

Remarcó que si la autoridad no es capaz de poner ese compromiso por escrito significa que “nos van a estafar nuevamente”.

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