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El líder de una comunidad rural de Perú que protesta contra la mina de cobre Antamina dijo el martes que no levantará el bloqueo de una carretera utilizada para el transporte del metal antes de entablar conversaciones con el Gobierno o la empresa, que se ha visto obligada a suspender sus operaciones.
“No vamos a dialogar si nos condicionan a algo”, dijo Adán Damián, presidente de Aquia, una comunidad situada a unos 60 kilómetros de Antamina, por la que discurre una carretera clave y un mineroducto desde la mina de cobre, la más grande de Perú.
“El ministro (de Energía y Minas) nos dijo que levantemos la huelga, y la gente ha pegado un grito en el cielo”, afirmó a Reuters por videollamada el martes.
Antamina, controlada por Glencore y BHP Billiton, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero ha criticado a un “grupo minoritario” por presuntamente utilizar la violencia para imponer sus demandas.
Damián dijo que no se han involucrado en actos de violencia.
Perú, el segundo productor mundial de cobre, ha sido testigo de una serie de protestas contra el sector minero desde que el presidente izquierdista Pedro Castillo asumió el cargo en julio, asustando a las empresas que pidieron esta semana más acciones gubernamentales.
Los bloqueos de carreteras han afectado a la minera de cobre Las Bambas de MMG Ltd, al yacimiento Antappacay de Glencore y la mina Constancia de Hudbay Mineral.
En las últimas semanas, el gobierno de Perú ha negociado con comunidades cercanas a esas minas mientras mantenían bloqueos, levantándolos solo al final de la negociación.
El dirigente Damián manifestó que el problema principal en Aquia es que Antamina construyó una carretera y un oleoducto que atraviesa la comunidad hace unos 20 años, pero dijo que nunca había pagado por completo las tierras que usaba, una acusación que la empresa ha rechazado.
“Nuestra comunidad no cuenta con un convenio marco, que regule las contraprestaciones por brindarles facilidad de acceso a nuestra comunidad”, escribieron los líderes de Aquia a Antamina en setiembre, según una carta compartida con Reuters por Damián.
“No existe ningun beneficio a nuestro favor”, agrega la carta, que dice que la empresa había perdido su “legitimidad social”.
Las denuncias contra Antamina se hacen eco a las formuladas contra Las Bambas a principios de este año, donde las comunidades a lo largo de una vía utilizada por la mina también demandaron beneficios por su uso.
Los mineros pagan importantes impuestos a las comunidades locales en Perú, pero la mayor parte de esas contribuciones van a los pueblos más cercanos a la mina. Eso causa resentimiento en comunidades como Aquia que aún se ven impactadas por las operaciones de los yacimientos, pero que no están lo suficientemente cerca como para recibir directamente los beneficios.