Únete al canal de Gestión
El Ejecutivo celebró el nuevo Convenio de Negociación Colectiva a Nivel Centralizada 2023 con las confederaciones laborales del sector público, el cual contiene un número de beneficios salariales para los trabajadores del Estado, así como un número de compromisos sin incidencia económica por parte del Estado.
El convenio, elaborado a lo largo de 18 jornadas de diálogo entre representantes del Poder Ejecutivo y los trabajadores estatales, indica que se darán dos aumentos de remuneraciones a los trabajadores del sector público, los cuales se harán efectivos en enero del 2024.
LEA TAMBIÉN: Trabajadores no fiscalizados empezarían a recibir pagos por horas extras
En concreto, estos aumentos beneficiarán a los trabajadores en el régimen del Decreto Legislativo 276, el D.Leg. 728, el régimen CAS, el régimen de la Ley del Servicio Civil, el régimen penitenciario y el de los servicios diplomáticos.
De acuerdo con el Estado, 562,000 trabajadores en los tres niveles de gobierno obtendrán mejoras en su condición de trabajo mediante la entrada en vigor de este convenio.
Asimismo, dicho convenio señala que se les otorgará un bono de S/600 a los trabajadores beneficiados, el mismo que será desembolsado este año. Según el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, este mes se estará dando una fecha concreta de entrega de este.
Otárola señaló que todos estos beneficios acarrearán un costo de S/644 millones para el Estado, un monto que señala es considerable y que requirió de “movidas presupuestales” para asegurar.
LEA TAMBIÉN: EsSalud distribuirá 26 mil repelentes naturales contra zancudo del dengue
Acuerdos sin incidencia económica
El convenio además incluye otros beneficios no económicos para los trabajadores.
Dentro de los mismos se encuentran el compromiso por parte del Estado de continuar implementando un sistema de seguridad y salud en el trabajo por niveles de gobierno y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que se tenga para hacer estas mejoras.
Se incorpora el compromiso de implementar la política de genero en los puestos del Estado y de evaluar el problema de los nombramientos de trabajadores contratados bajo el régimen del D.L. 276, hecho el cual el presidente del consejo de ministros señaló se encuentra “muy postergado”.
Según el ministro de trabajo, Fernando Varela, este convenio es el resultado de la “generosidad” de ambas partes, quienes cedieron en algunos puntos para llegar a un resultado que favorece a todos los trabajadores.
Opinión
Jorge Danós, socio del estudio Echecopar, señala que el hecho que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con sus trabajadores en el marco de la ley de negociación colectiva es mucho mejor a la alternativa que podría haberse dado: que se haya impuesto un cambio mediante un arbitraje.
“En las negociaciones hay principios constitucionales, como el equilibrio presupuestal, que deben tenerse en cuenta y que tengo entendido se ha respetado en esta ocasión. Más allá de si es una buena oportunidad para elevar los sueldos o no, es una obligación del Ejecutivo negociar con sus trabajadores si estos lo requieren, según la ley, la cual ha sido ratificada por el Tribunal Constucional”, señala Danós.
El abogado recalca que, en todo caso, hubiese sido preocupante si el aumento presupuestal se hubiese logrado mediante una huelga o un arbitraje, ya que estos no tienen que respetar el equilibrio presupuestal.
