La construcción del nuevo terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por parte de Lima Airport Partners (LAP), sigue en el debate debido al acta suscrita entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa concesionaria, que tiene como socio principal a Fraport AG de Alemania.
En este caso, en el marco de un informe de orientación, el contralor general de la República, Nelson Shack, le envió un oficio esta semana a Juan Barranzuela, ministro de Transportes y Comunicaciones, solicitándole que resguarde estrictamente “la legalidad de lo establecido en el contrato de concesión”.
Además, pide tener en cuenta el marco del decreto legislativo 1362, sobre las Asociaciones Público Privadas, para atender de manera adecuada el servicio de los ciudadanos en el aeropuerto.
Como se recuerda el MTC y LAP suscribieron en abril un acta de acuerdo en el que se le daba la posibilidad de que la concesionaria opere con dos terminales, previa aprobación del diseño del terminal que presentaron en mayo.
Ahora, el diseño está en manos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC, que debe pronunciarse en los próximos días.
¿Acta ilegal?
En el mismo marco, en la víspera la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, dijo que el desarrollo de dos terminales solo con un acta sería ilegal, dado que para ello se necesita antes que se presente un Plan de Desarrollo Aeroportuario, lo que hasta el momento no ha sucedido.
Aunque, tras el informe de Ositran, el MTC lo tomó como una luz verde para construir el acta de acuerdos con LAP, sobre el cual se sustenta la posibilidad de contar con dos terminales.