Inversión pública: los hospitales y colegios que se pudieron construir con los montos no ejecutados

A pesar de ello, se dejaron de ejecutar recursos por alrededor de S/18,226 millones, que representan el 2.1% del PBI de 2021. “Esto ocurre en un contexto en el cual existe una elevada brecha de infraestructura sobre todo en sectores esenciales y con elevadas carencias, que requieren una ejecución más agil de inversiones en el país”, comentó Pedro Herrera, economista jefe del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Lo devengado el año pasado está por debajo de lo esperado en el último Marco Macroeconómico Multianual (inversión pública: S/48,000 millones).

Los gobiernos subnacionales lideraron. Las municipalidades ejecutaron S/ 20,504.2 millones, un crecimiento de 32.3% respecto al 2021; y las regiones devengaron S/ 9,246.9 millones, 32.6% más. Un factor que explica esto es que el 2022 fue el último año de las autoridades locales y regionales, lo que usualmente genera una aceleración en la ejecución.

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“De cara al inicio de gestión de las nuevas autoridades subnacionales en 2023, el principal reto consiste en dinamizar la inversión pública sobre todo en sectores clave y con baja ejecución recurrente”, añadió Herrera. Recordó que, en los primeros tres meses del año de inicio de gestión de nuevas autoridades, la ejecución en inversión pública se reduce considerablemente.

En tanto, el Gobierno Nacional perdió el dinamismo. El año pasado este nivel de gobierno, conformado en su mayoría por ministerios, ejecutó S/ 16,841 millones, una expansión de solo 3.2%; en 2021, su inversión pública creció 41.8%.

De los cuatro sectores con los mayores recursos para obras, la inversión pública creció en tres: Presidencia del Consejo de Ministros (61.7%), Educación (2.7%) y Agrario y de riego (11.2%). Pero, Transportes y Comunicaciones, una cartera bastante cuestionada durante el gobierno de Pedro Castillo, ejecutó 20.1% menos que el 2021: S/ 6,572.5 millones.

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Diciembre

En el primer trimestre, la inversión pública cayó 12.6%, pero inició una senda creciente hacia adelante: se incrementó 8.2% en el segundo trimestre, 27.6% en el tercero y 39.5% en el cuarto.

En diciembre se devengó S/ 8,769.5 millones, un crecimiento de 24.8%; perdiendo ritmo respecto a octubre (45.2%) y noviembre (65.7%). Ese mes, en medio de una crisis, el Gobierno nacional ejecutó S/ 2,580.6 millones, solo 0.7% más que en similar mes del 2021.

PIA versus PIM

Vale la pena comparar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) respecto al Modificado (PIM), es decir, lo que se aprobó a inicios de año en el presupuesto público del 2022 respecto a los recursos con los que realmente quedaron los tres niveles de gobierno.

Por ejemplo, el Gobierno nacional arrancó el 2022 con S/ 25,876 millones asignados a proyectos, pero terminó con S/ 18,528.1 millones. Con una menor base de referencia, el avance de la ejecución -como porcentaje del PIM- luce mayor.

“El alto costo de la oportunidad”

Pedro Herrera, Economista jefe del Consejo Privado de Competitividad (CPC)

La magnitud de los recursos no ejecutados en el 2022 se evidencia al analizar el comportamiento de los principales ejecutores -con mayor presupuesto- en los niveles de gobierno regionales y locales. Así, los cinco gobiernos regionales con mayor PIM para proyectos (Piura, Áncash, Arequipa, Cajamarca y Loreto), tuvieron en el 2022 solo una ejecución de 61.2%, dejando así de ejecutar en conjunto alrededor de S/1.8 mil millones.

Para el caso de los cinco gobiernos locales con mayor presupuesto para inversión (San Marcos, Lima, Chimbote, Megantoni y Yarabamba), la situación aún más crítica aún toda vez que no ejecutaron ni la mitad de los recursos asignados para obras (47.5%), dejándose de ejecutar en conjunto recursos por un monto de S/1.4 mil millones.

La ineficiencia en la ejecución de recursos para inversión pública conlleva un alto costo de oportunidad en términos de acceso a servicios básicos, clave para el cierre de brechas en sectores esenciales. Por ejemplo, la totalidad de recursos no ejecutados en 2022 equivaldría a la construcción de 3,600 hospitales de primer nivel de atención, lo cual representa cerca de la mitad (43%) de la brecha en mal estado.

Asimismo, en el sector educación, estos recursos equivaldrían a la construcción de 2,900 colegios públicos.

De hecho, si se analiza el avance en estas dos funciones clave, se observa una ejecución limitada a nivel subnacional, pues los gobiernos regionales alcanzaron un avance del 55.0% en salud y de 65.2% en educación, mientras que, en los gobiernos locales, el avance en estas funciones fue de 58.3% y 64.8%, respectivamente.