Las prácticas anticompetitivas continúan afectando los precios que llegan al consumidor final en los más diversos mercados. Al seguir los rastros de estas prácticas prohibidas, el Indecopi ha iniciado 15 investigaciones por nuevos casos de presunta concertación de precios o abuso de posición de dominio.
Entre los sectores donde se estarían presentando estas prácticas se encuentran los de alimentos, turismo, construcción, compras públicas, insumos médicos, electricidad, cementos, mercado laboral y otros, señala Jesús Espinoza Lozada, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi. Estas investigaciones corresponden a una fase preliminar en el proceso de detectar un cártel o un caso de abuso de posición de dominio, pues se basan en sospechas que todavía deben ser corroboradas.
“Nosotros investigamos un mercado cuando hay sospechas de conductas anticompetitivas, pero la sospecha es una fase muy inicial, porque puedes estar equivocándote. La idea es buscar indicios, que son un estándar mayor de prueba, son elementos que reflejan la probabilidad de que exista un caso de concertación”, dijo el funcionario a gestion.pe.
Cuando se hallan estos indicios, el Indecopi abre un procedimiento administrativo sancionador, que equivaldría a un juicio pero en la vía administrativa. Si con estos procedimientos se determina la responsabilidad de las empresas, estas son sancionadas con multas proporcionales al beneficio obtenido como resultado de las malas prácticas.
Hasta el momento, hay siete procedimientos administrativos sancionadores en curso, adicionales a las 15 investigaciones. Entre los siete figura el caso de la presunta concertación entre algunos de los principales supermercados del país para fijar el precio del pavo entero. Dichos procedimientos pueden extenderse por hasta un año y 10 meses. Al haberse iniciado formalmente el procedimiento en diciembre del año pasado, el caso de presunta colusión en la venta de pavo podría resolverse aún en el 2022.
Cártel de constructoras
También figura el caso que involucra a 35 constructoras y 28 de sus ejecutivos en una concertación para repartirse 112 licitaciones de Provías (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) para construir, rehabilitar y dar mantenimiento a carreteras. Varias de estas empresas se encuentran incluidas en la investigación conocida como “Club de la Construcción” en la vía penal.
En la vía administrativa, que depende del Indecopi, la sanción para las 35 constructoras debería establecerse este año, de comprobarse su responsabilidad, afirma Espinoza. Las investigaciones involucran 112 licitaciones realizadas por Provías entre los años 2002 y 2016, por un valor superior a los S/ 13,000 millones. La presunta infracción investigada habría distorsionado las condiciones en las que se adjudicaban las obras públicas, lo que generó mayores gastos para el Estado peruano, según el Indecopi.
Esta concertación se habría dado a través de una serie de reuniones entre las empresas involucradas, con la finalidad de evitar competir entre ellas y determinar, de antemano, a las ganadoras de cada proceso de selección. Estas reuniones se habrían llevado a cabo en hoteles, restaurantes, clubes y oficinas de aquellas empresas.
Como evidencia, el Indecopi cuenta con documentos, declaraciones, archivos y correos electrónicos obtenidos durante la investigación, así como información vinculada con las propuestas, características y resultados de los procedimientos de contratación analizados.
En abril del presente año, el Indecopi presentó la campaña “No a la concertación, sí a la libre competencia”, que promueve las denuncias ciudadanas de actos de concertación que conozcan o de los que hayan sido testigos. Con ello podría acogerse al Programa de Recompensas y recibir hasta S/ 400,000 por su colaboración. Hasta la fecha, el Indecopi ha recibido cinco solicitudes de acogimiento que todavía están siendo evaluadas. “Hemos recibido las primeras solicitudes, ahora debemos comprobar que tengan asidero”, dijo Espinoza.