El pasado 20 de mayo, SENACE admitió a evaluación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Hidrovía Amazónica, que se espera dinamice el transporte fluvial de carga.
Sin embargo, la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), advierte que dicho informe no garantiza los acuerdos tomados en la consulta previa del 2015.
El contrato del proyecto Hidrovía Amazónica fue firmado en el 2017, entre el gobierno y la empresa Cohidro, con el objetivo es mejorar la navegación en cuatro grandes ríos de la Amazonía: el Huallaga, Ucayali, Amazonas y el Marañón, mediante el dragado del fondo de los ríos en diversas áreas conocidas como “malos pasos”, entre otras medidas.
La autoridad ambiental tiene un plazo de un plazo de 135 días hábiles para que se evalúe los impactos sociales y ambientales, así como las medidas que la empresa Cohidro propone para mitigarlos, dando como resultado su aprobación o desaprobación.
En este periodo también se incluyen las opiniones de entidades como SERNANP, PRODUCE, ANA, entre otros.
Al respecto, la asociación Civil DAR, ha venido advirtiendo sobre el incumplimiento de diversos acuerdos de consulta previa del proyecto, que podrían ocasionar la vulneración a los derechos a la vida y salud, así como la seguridad alimentaria de la población, así como los vacíos y falta de información sobre los impactos de un proyecto con los que tendrán que convivir más de 60,000 personas.
“El EIA presentado por la empresa no responde claramente a preguntas que tiene la población. Por ejemplo, no brinda suficiente información de los impactos sobre la reproducción de los peces, ni sobre las afectaciones a la población por el aumento del tráfico de embarcaciones en los ríos y las medidas que se proponen para mitigar estos efectos”, opinó Vanessa Cueto, presidenta de DAR.