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La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales problemas para el Perú, afectando no solo la integridad de los ciudadanos, sino también su economía. Ante esta situación, diversos gremios empresariales y de trabajadores volvieron a pronunciarse, reclamando al Gobierno peruano su falta de acción.
Pese a que realizaron una marcha a fines del año pasado solicitando una estrategia por parte del Estado para la lucha contra la delincuencia, los representantes de los gremios afirman que hasta la fecha no han tenido una respuesta
“Trabajadores y empresarios estamos unidos en contra de la inseguridad y el incremento de la criminalidad, vemos que no existe una política de Estado para contrarrestar este flagelo (...) Es frustrante que desde hace tres meses no recibimos una respuesta, ni una reunión que solicitamos mediante la marcha”, dijo el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante.
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Salazar Nishi, coincide y señala que esta falta de eficacia del Gobierno en la lucha contra la delincuencia se debe a una falta de estrategia clara y liderazgo. “Lo que venimos a exigir es sentarnos a una mesa a diseñar una estrategia nacional contra la delincuencia y la criminalidad que sigue ganando terreno en el país”, dijo.
Los gremios recordaron, tal y como adelantó Gestión, que el costo de la inseguridad ciudadana en el Perú afecta a 3.9 del PBI, es decir, cuesta más de s/ 31,500 millones al año. Asimismo, advierten que, con datos de la Asociación de Bodegueros, que al menos 13,000 bodegas han sido blanco de extorsiones y robos.
Ante estas condiciones de inseguridad, sostiene que la inversión de emprendimientos y empresas se alejan del país. “Necesitamos recuperar la paz en nuestro país para que las inversiones se desarrollen y continúen. Es hora que alguien alce la voz y le diga al Gobierno que asuma su rol, responsabilidad y liderazgo en esta lucha”, agregó Salazar Nishi.
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¿Qué se propone?
Los representantes empresariales y de trabajadores criticaron que las medidas que estuvo tomando el Gobierno frente a este problema solo fueran la implementación de estados de emergencia e incrementos en las penas, pues no resuelven el problema de fondo.
Por ello, plantearon incorporar a la fiscalía, policía y jueces en un centros de flagrancia para administrar justicia de manera rápida, para lo cual se deberá incluir un presupuesto de emergencia.
Además, también plantean acelerar, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), la implementación de iluminación, sistemas de videovigilancia, construcción e implementación de comisarías y mejoramiento del sistema carcelario.
Estas propuestas fueron presentadas por los voceros de la Confiep, la SNI, la Asociación de Exportadores (ADEX), la a Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera y Servicios Afines del Perú (FETRIMAP), la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Alimentos, Bebidas y Afines (FNT-CGTP-ABA), y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
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