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El Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31018, la cual suspendió el cobro de peajes a nivel nacional, afectando a 56 peajes y concesionarias, generando millones de dólares en pérdidas para el Perú, según expertos, y la cual tuvo que ser emitida por insistencia por parte del Congreso, luego de que el Poder Ejecutivo se negó a firmarla.
¿Qué artículos de la constitución se infringen según el Ejecutivo?
La demanda de inconstitucionalidad señala que la ley contraviene tres artículos de la constitución. El más importante de estos es el artículo 62°, el cual señala que la ley no puede modificar términos de contratos.
En ese sentido, al haber modificado los contratos entre el Estado y los concesionarios que manejaban los peajes, la ley habría infringido este artículo y debería ser declarada como inconstitucional, de acuerdo al Ejecutivo.
Además, el Poder Ejecutivo señala que la ley va contra el artículo 137° de la Constitución, el cual regula los Estados de Emergencia, indicando que el Congreso ha ido más allá de lo que les es facultado.
El Gobierno indica que el Congreso no puede “dictar medidas relacionadas con la declaratoria del Estado de Emergencia, como ocurre con la Ley…que bajo pretexto de evitar el contagio del COVID-19, suspende el cobro de peajes”. Señalan que el Congreso ha tomado medidas que no son razonables ni proporcionales con el objetivo del Estado de Emergencia.
Finalmente, el Ejecutivo señala que la ley contraviene el artículo 58° de la Constitución, ya que afecta las políticas de desarrollo vial dadas por el Estado y genera el incumplimiento del Estado peruano frente a los Contratistas, incumpliendo las normas que ellos mismos han emitido.
¿Por qué era necesaria esta demanda?
De acuerdo a María Antonieta Alva, Ministra de Economía, la Ley 31018 tiene consecuencias nefastas para el Estado.
"Hay efectos muy concretos en los ciudadanos sin considerar todas las contingencias que vamos a tener en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). No solamente hay posibilidades de que nos denuncien, no solamente nos va a costar todos los procesos, los abogados. Vamos a tener que pagar indemnizaciones”, señaló Alva.
Como expuso Alva, los concesionarios tendrían todo el derecho de denunciar al Estado ante el Ciadi y, de acuerdo a ella, podrían ganar, llevando a una perdida de dinero masiva para el Estado.
Además, el gobierno, economistas y juristas, han indicado que, sin estos peajes, no se podrá hacer mantenimiento a las pistas, llevando a la degradación de la infraestructura del país.
