Congreso sigue aprobando leyes por insistencia pese a observaciones del Ejecutivo

Es más, de un análisis realizado por Gestión, este congreso viene batiendo récords en número de normas aprobadas por insistencia en materia laboral.

Las leyes aprobadas son:

- La ley que permite el retiro de 4 UIT de la AFP,

- La ley que permite la devolución del FONAVI,

- La ley que elimina el régimen CAS en el sector público,

- La ley que traslada a los trabajadores públicos del sector salud del régimen CAS al régimen regulado por el Decreto Legislativo 728 (los pone en planilla),

- La ley que regula las nuevas negociaciones colectivas en el Estado,

- La ley que prohíbe la tercerización de servicios de limpieza en las municipalidades,

- La ley que regula el nuevo teletrabajo y,

- La ley que dictamina la reposición de trabajadores públicos que fueron cesados de manera colectiva.

Efecto Nefasto

Todas estas leyes parecen tener como objetivo mejorar la situación actual de los trabajadores del sector público, privado e inclusive de las personas en retiro.

Sin embargo, fueron observadas por el Poder Ejecutivo porque afectarían la caja del Estado de manera insostenible o podrían tener efectos nefastos a futuro en el mecanismo estatal y en la misma población.

Por ejemplo, en el caso de la ley que eliminaría el régimen CAS, se estimó que le costaría al Estado más de S/4,200 millones, al incorporar a más de 300,000 trabajadores en planilla.

Anteriormente, pudimos hablar con algunas entidades del Estado, quienes indicaron que, de aplicarse esta ley, se irían a la quiebra, ya que no tienen los recursos suficientes para sostener a dicha cantidad de personal en planilla.

Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, indica que “estas normas van a afectar el presupuesto del Estado y los principales perjudicados serán las personas con menos recursos”.

“El Estado va a tener que redirigir presupuesto y habrá menos dinero para asistencia social, salud y alimentación para los más necesitados.”, señala.

Toyama agrega que “a largo y mediano plazo todos van a estar perjudicados”, señalando que “el efecto va a ser devastador”.

Asimismo, German Lora, socio del estudio Damma, señala que el efecto previsible de estas leyes es muy preocupante.

“Estas normas no se van a poder cumplir y van a terminar teniendo efectos contrarios a los que se quieren. Inclusive van a terminar generando mayor informalidad”, indica.

Lora señala que, por ejemplo, la ley que prohíbe la tercerización de servicios de limpieza en municipalidades va a causar que “todas las empresas tercerizadoras de este servicio desaparezcan. Todos los trabajadores que laboran ahí se van a quedar sin trabajo. Si prohíbes contratar con el Estado, ¿Cuál es el destino de una empresa cuyo principal cliente era el Estado?”.

Sobre esta ley, Toyama demás señala que “la economía de escala se caerá, porque cada municipalidad va a tener que contar con un sistema de manejo de residuos especializado”, agregando que si esta ley no se deroga, podrían haber huelgas de parte de los trabajadores despedidos por parte de las tercerizadoras que quiebren e inclusive una acumulación de basura en las calles debido a la repentina creación de departamentos de manejo de residuos en cada municipalidad, los cuales corren el riesgo de no ser tan eficientes como las empresas creadas para solo lidiar con este tema.

Lora indica que estas leyes populistas “no son la salida”.

Falta de Racional Técnico

Toyama señala, además, que las leyes carecen de un racional técnico. “Son populistas y dicen querer ayudar al trabajador, pero no tienen sustento técnico y esto las hace inviables”, explica.

Cabe recalcar que ninguna de las leyes observadas por el Ejecutivo fueron desestimadas cuando volvieron al Congreso. En todos los casos se siguió con el animo de legislar pese a las advertencias del Estado y en todas las oportunidades simplemente se desestimó la observación del Ejecutivo.

“Nada se ha tomado en cuenta”, señala Toyama, quien considera que el actual Congreso tiene “una alta arbitrariedad al aprobar leyes”.

Lora también indica que a las leyes del Congreso le faltan tecnicidad y señala que, a efectos de crear normas que no son observadas todo el tiempo, se debería llamar más a expertos a que formen partes en la elaboración de leyes “o se use cualquier mecanismo que ayude a generar consenso antes de emitir estas leyes que tienen efectos muy adversos a mediano y largo plazo”.

A Futuro

Entonces, ¿Qué queda?

¿Acaso toca que el Congreso proponga leyes con posibles efectos adversos, el Ejecutivo las observe, el Poder Legislativo las promulgue de todos modos y, en algunos casos, la Procuradoria demande la inconstitucionalidad de la norma ante el Tribunal Constitucional en un ciclo infinito ad nauseum?

Tal vez sí, por lo que reste de este gobierno.

Toyama considera que solo queda esperar al próximo gobierno, el cual espera sea más técnico y que se deroguen varias de las leyes emitidas durante este congreso.

“El nuevo Congreso debería revisar todas estas normas que pasaron por insistencia y ver si hay sustento técnico. Por mi parte, yo creo que no lo hay y deberían ser derogadas”, señaló Toyama.

Lora señaló que por el momento el gobierno debía seguir llevando estas normas ante el TC, algo que considera nunca se ha hecho a esta escala en ningún mandato y que considera positivo.

Sin embargo, señala que, a futuro, el siguiente Congreso debe revisar todas estas normas para su posible derogación.

“Tenemos un Congreso terco”, concluye Lora.