Apoyo Consultoría encuestó a ejecutivos de sus más de 300 empresas (en su mayoría grandes) e instituciones miembros del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE). El sondeo recogió sus intenciones de invertir y contratar, el nivel de avance de sus planes de contingencia frente al fenómeno de El Niño (FEN) y su percepción sobre el desempeño del Gabinete de Luis Galarreta.
El Gobierno de Keiko Fujimori arrancó su periodo con altas expectativas. Entre julio y septiembre, la confianza empresarial para invertir llegó a 47 puntos, su nivel más alto desde inicios del 2011. En el inicio del cuarto trimestre, en octubre, se redujo a 38 puntos, pero se mantuvo en terreno optimista.
En este tiempo se han dado algunos pasos en la dirección correcta: el nombramiento de los directores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que le correspondían al Poder Ejecutivo, el financiamiento de capital de trabajo para que Petroperú reinicie su producción, y avances puntuales pero importantes en los proyectos del Anillo Vial Periférico, el puerto San Juan de Marcona y la adenda a la concesión de Cálidda.
Sin embargo, hay temas urgentes de política económica en los que ha habido pocos avances. Primero, fuera de algunas medidas paliativas con avance heterogéneo, difícilmente se logrará mitigar de manera significativa el impacto de las fuertes lluvias en regiones del norte como Lambayeque, Piura y Tumbes durante el siguiente verano.
Si bien cerca del 60% de los miembros del SAE reporta un avance moderado o alto en sus planes de contingencia frente al FEN, las familias y sus hogares están menos preparados. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en el norte, el 54% de los hogares no tienen una pista asfaltada frente a la vivienda; el 64% no cuenta con techos de concreto, y el 83% construyó su vivienda sin asistencia técnica.
Segundo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) todavía no ha presentado demandas de inconstitucionalidad contra las leyes con iniciativa de gasto que aprobó el Congreso de la República anterior, aunque el Colegio de Economistas de Lima ha presentado dos. Estas normas podrían presionar de forma importante las cuentas fiscales y reducir el espacio para responder ante una crisis o para impulsar la inversión pública.
Tercero, las intenciones de avanzar con reformas de simplificación administrativa, tributarias y laborales se quedaron estancadas, al menos por ahora, después de que la Cámara de Diputados aprobara facultades legislativas más acotadas.
Todo esto refleja que el Poder Ejecutivo tiene un margen de acción limitado por una serie de factores.
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Margen de acción limitado
Primero, el Gobierno ha tenido dificultades para negociar en la Cámara de Diputados, en buena medida porque los operadores más efectivos de Fuerza Popular están en el Senado. Segundo, cuenta con poco capital político y con una “calle” muy sensible a sus decisiones, lo que le impide impulsar cambios ambiciosos y restringe su capacidad para fijar la agenda política.
Tercero, el severo deterioro de las capacidades del aparato público en el último quinquenio dificulta mejoras marcadas en la gestión pública y, al ser un problema estructural, su recuperación probablemente será lenta.
Así, el entorno político empieza a parecerse al que había antes del 2016: un Gobierno con alta probabilidad de completar su mandato, sin grandes reformas procompetitividad, con necesidad de mucha negociación con el Congreso para sacar adelante cambios puntuales, un Gabinete con desempeño dispar, y mejoras muy graduales en gestión pública.
Esto ha llevado al sector privado a recalibrar su percepción del Gobierno. La percepción mayoritaria es que el Gabinete tiene un desempeño regular. De hecho, el 58% de los miembros del SAE califica así su gestión, mientras que el 32% lo califica como bueno y el 10%, como malo.
Sin embargo, como se ha vuelto más evidente que el Poder Ejecutivo tiene un margen de acción limitado, el 56% de los miembros del SAE considera que la gestión del Gabinete está por debajo de lo que esperaba, y solo el 4% cree que la superó. En ese contexto, parte del entusiasmo inicial se ha disipado y la confianza empresarial ha mostrado cierta moderación en el último mes.
El porcentaje de miembros del SAE que planea acelerar inversiones en los siguientes seis meses se redujo de 48% en julio a 40% este mes. El porcentaje que planea acelerar contrataciones en ese periodo pasó de 40% a 34%.
Pese a ello, la disposición a invertir y contratar sigue en buenos niveles. En términos netos, estas intenciones siguen siendo mejores que las observadas en los diez años previos. Esto responde al menor riesgo de eventos políticos extremos -como vacancias y cambios constitucionales contrarios al modelo económico- y a precios de los metales favorables para la economía peruana.
En balance, el entorno político ha mejorado y permite tener mayor visibilidad para que las empresas planeen a corto y mediano plazo. Así, la inversión privada seguirá liderando el crecimiento y, pasado el FEN, el Perú tendría una economía dinámica, con potencial de crecer 4-5% por año. Sin embargo, es cada vez más evidente que el gobierno tiene un margen de maniobra limitado. Esto implica que será difícil que se aprueben grandes cambios o reformas procompetitividad, y que las mejoras en gestión pública serán muy graduales y disímiles a lo largo del aparato estatal.
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“Un potencial espejismo”
Por: Pablo del Águila, jefe del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría
Ya no vivimos con la sensación de una crisis política permanente. Tenemos un Gabinete que ha mejorado respecto de los previos, aunque con diferencias importantes en el desempeño entre carteras. A la economía le va bien: la demanda local ha estado creciendo este año entre 5 y 6%, ajustando por inflación. Este contexto podría llevar a la tentación de pensar que la política y la economía pueden ir por cuerdas separadas. Eso sería un espejismo y un error.
Desentenderse de la política y de las condiciones sociales del país ya tuvo un costo alto, que se tradujo en insatisfacción ciudadana con las grandes empresas y con el modelo económico, y en apoyo a políticos antimercado.
Enfrentar los desafíos del país, especialmente los más urgentes, como la inseguridad ciudadana y la respuesta al FEN, requiere un involucramiento constante del sector privado y una coordinación cercana con el sector público.
