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La última crisis política en Perú, que resultó en el sexto presidente del país en cinco años, refuerza el entorno político profundamente polarizado que ha erosionado constantemente la gobernabilidad y la estabilidad en los últimos años, dijo el lunes Fitch Ratings.
“Por extensión, la última agitación política plantea riesgos económicos y fiscales negativos y prolonga la incertidumbre”, anotó la agencia de calificación crediticia en un comunicado.
Fitch Ratings revisó la perspectiva de la calificación del Perú a negativa en octubre pasado debido a un deterioro en la estabilidad política y la efectividad del gobierno, señalando que la inestabilidad sostenida había aumentado los riesgos a la baja para la calificación del país.
Una gobernabilidad más débil, incluido un mayor deterioro de las condiciones políticas y de gobernabilidad, un bajo rendimiento económico y un aumento sostenido del ratio de deuda pública/PBI siguen siendo sensibilidades negativas para la calificación. La clasificación del Perú en los Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial ha caído al percentil 41 desde el 45, muy por debajo de la mediana ‘BBB’ de 58.
La nueva presidenta del Perú, Dina Boluarte, asumió el cargo el 7 de diciembre luego de que el Congreso destituyera a su predecesor, Pedro Castillo, de su cargo luego de su intento de disolver el parlamento unilateralmente y gobernar por decreto. Las graves tensiones entre el presidente y el Congreso habían producido un estancamiento y obstaculizado la eficacia del gobierno.
Según Fitch, la nueva administración es políticamente frágil y enfrenta los mismos desafíos de gobernabilidad que la anterior, con un sistema político muy fragmentado y un débil apoyo público y del Congreso.
“No está claro si la nueva presidenta podrá reducir las tensiones con el Congreso y mejorar la gobernabilidad dada su falta de respaldo partidario en el Congreso. El presidente ha anunciado que las elecciones se trasladarán del 2026 a abril de 2024, lo que prolongaría las incertidumbres políticas y normativas”, comentó los analistas de Fitch, liderados por Richard Francis.
El problema subyacente de la falta de consenso político entre las instituciones gubernamentales del Perú sigue sin resolverse en la última transición de poder. Al elevar la incertidumbre política y afectar la confianza empresarial, la inestabilidad política ha sido un peso para la inversión y el crecimiento económico, y esto ha sido enfatizado por los últimos disturbios violentos.
Desde la destitución del expresidente Castillo “han ocurrido protestas esporádicas que resultaron en muertes y heridos, las cuales podrían convertirse en una movilización social a mayor escala e impactar la producción en sectores clave de recursos”, advirtió la agencia.
A corto plazo, la débil posición política del nuevo gobierno podría aumentar el potencial de un cambio hacia el populismo fiscal y la expansión del gasto, aunque Perú tiene un historial de contención del déficit durante períodos anteriores de mayor inestabilidad política, agregó.
Un ejemplo de medida populista en los últimos años ha sido permitir retiros anticipados de pensiones. El Congreso actual votó para permitir tales retiros en mayo de este año después de otras cinco rondas en el 2020-2021. Tales políticas serían positivas a corto plazo para el crecimiento, pero también contribuirían a la inflación y a un mayor déficit en cuenta corriente. Más retiros de pensiones socavarían la profundidad del mercado local y afectarían negativamente las opciones de financiamiento corporativo y gubernamental.
Sin embargo, también hay señales de moderación, dijo Fitch. El gabinete del nuevo presidente, designado el 10 de diciembre, parece ser de naturaleza más tecnocrática, incluido el nombramiento de Alex Contreras, un respetado economista con una carrera en la administración pública para el cargo de ministro de Economía.
A pesar de la actual inestabilidad política, el perfil crediticio del Perú continúa beneficiándose de fundamentos sólidos en ciertas áreas, incluida una relación moderada entre la deuda pública y el PBI, un déficit fiscal modesto y altas reservas internacionales. La capacidad del Perú para mantener estas fortalezas y evitar que se deterioren materialmente probablemente será importante para la dirección de la calificación, concluyó.
