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La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings dijo el jueves que los sucesos de convulsión social en Perú este año “son consistentes con su expectativa de un período prolongado de incertidumbre política”, que debilitará las perspectivas de crecimiento y puede poner a prueba la resiliencia fiscal del país.
“El punto de partida fiscal del 2023 es más fuerte de lo que anticipábamos, pero la perturbación económica por la parálisis de las políticas y el descontento social se está volviendo más evidente”, anotó Fitch.
El hecho de que el Congreso no aprobara a principios de febrero el proyecto de ley de la presidenta Dina Boluarte para celebrar elecciones este año significa que aún no está claro cómo se resolverá la última crisis política de Perú.
El Congreso aún tiene que ratificar por completo una propuesta para adelantar las elecciones a abril de 2024 desde 2026, y la fecha aún está sujeta a debate político. La celebración de elecciones este año es una demanda clave de los partidarios del antecesor de Boluarte, Pedro Castillo, quien fue destituido de su cargo en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Los desafíos de gobernabilidad profundamente arraigados y un punto muerto entre el Ejecutivo y el Congreso ya eran un obstáculo para las iniciativas políticas antes de la destitución de Castillo. “Un deterioro en la estabilidad política y la efectividad del gobierno y los riesgos resultantes para la inversión y el crecimiento fueron factores clave de nuestra revisión de la Perspectiva de la calificación ‘BBB’ de Perú a Negativa desde Estable en octubre de 2022″, explicó Fitch.
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“Los eventos recientes son consistentes con nuestra opinión de que este deterioro será difícil de revertir durante nuestro período de pronóstico hasta fines de 2024. La administración de Boluarte enfrenta el mismo desafío que la de Castillo a la hora de legislar a través de un Congreso fragmentado”, agregó.
Más del 70% de los peruanos quieren que Boluarte renuncie, según una encuesta reciente. La Fiscalía anunció una investigación sobre el manejo de las protestas que han interrumpido periódicamente la infraestructura de transporte y afectado la actividad económica.
La deuda pública moderada es una fortaleza de calificación. El déficit fiscal de 2022 se redujo al 1.6% del PBI, 0.9 pp menos que en 2021, según el Ministerio de Economía, principalmente debido a un aumento del 12.7% en los ingresos corrientes del gobierno general como resultado del alto crecimiento nominal y los sólidos precios de las materias primas. Además, se canceló el gasto en salud relacionado con la pandemia.
El déficit de 2022 fue inferior a la expectativa inicial del 2% de Fitch, y es coherente con el hecho de que la deuda pública/PBI se mantuvo muy por debajo de la mediana de la categoría ‘BBB’ (2022: 55.8%), aunque sigue siendo más alta que antes de la pandemia. El reciente repunte del precio del cobre respaldaría el desempeño fiscal si se mantiene, y el ministro de Economía, Alex Contreras, ha dicho que se respetarán los objetivos fiscales existentes.
Sin embargo, la crisis ha aumentado la incertidumbre fiscal. Puede obstaculizar la ejecución de Capex, pero podría provocar un cambio hacia un gasto expansivo, en opinión de Fitch. Hasta ahora se han aprobado cerca de la mitad de las medidas de reactivación económica por un total de 1.2% del PBI (parte de la respuesta inicial del gobierno a las protestas).
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Los riesgos para los ingresos aumentarán a medida que la crisis cobre un precio económico, especialmente si la actividad minera se ve más interrumpida. Los datos del INEI muestran que la economía creció un 2.7% en 2022 (pronóstico de Fitch: 2.5%), con una desaceleración del crecimiento interanual al 0.9% en diciembre desde el 1.7% de noviembre, aunque la actividad del sector de minería e hidrocarburos creció un 9.3% interanual en diciembre.
Las protestas están afectando gravemente al turismo y se suman a la interrupción periódica del sector minero. La interrupción de la red de carreteras ha aumentado los precios de los alimentos, ayudando a mantener la inflación cerca de sus máximos recientes (el IPC anual fue del 8.9% en enero de 2023), lo que pesará sobre el consumo.
Fitch actualizará sus pronósticos macroeconómicos y fiscales en marzo en su próxima publicación Sovereign Data Comparator.
“Las perspectivas económicas y de inversión debilitadas, si se mantienen durante 2023-2024 como esperamos, podrían socavar la trayectoria macro y fiscal de Perú en relación con sus pares ‘BBB’”, subrayó la agencia.
El riesgo de medidas económicas populistas, como más retiros de pensiones, ha aumentado. Las cinco rondas anteriores de retiros han reducido la capacidad de fondeo en el mercado doméstico, mientras que las tasas de interés han subido (el banco central mantuvo su tasa de referencia sin cambios este mes por primera vez desde el segundo semestre del 2021, en 7.75%).
