Lo que Castillo no se llevó

Durante el castillismo, pocas políticas públicas avanzaron o no se detuvieron. Este fue el extraño caso del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR) que, tras un proceso de implementación gradual a lo largo del 2022, se ha vuelto obligatorio desde este año para las entidades del Poder Ejecutivo (aún no para los gobiernos subnacionales ni Legislativo).

Hace pocos días, 31 entidades —entre ministerios, organismos descentralizados y dependencias— publicaron sus prioridades regulatorias del 2023, identificando 305 problemas. Así, tras un periodo establecido para recibir comentarios, que empieza pronto, cada entidad deberá proponer más o distintas regulaciones, más incentivos conductuales, más fiscalización, o no realizar mayores intervenciones.

Entre los problemas identificados están la instalación/retiro de cableado aéreo (MTC), la promoción de movilidad eléctrica sobre el uso de combustibles fósiles (Minem), las multas laborales más disuasorias (Mintra), la modificación del régimen de contratación pública (MEF), la opción de canjear obras por aportes a Essalud -al estilo obras por impuestos- (Essalud), la promoción del ecommerce y la economía digital (PCM), y un largo etcétera.

El AIR es una política que obliga a las entidades del Gobierno central a publicar con anticipación las soluciones que proponen adoptar para abordar problemas públicos no resueltos (exceptuando los tributarios), de tal manera que la sociedad civil —academia, gremios, ONGs— pueda cuestionar las soluciones planteadas, por considerar que existen mejores alternativas para abordar dichos problemas.

Se trata de una excelente herramienta para controlar el poder de las entidades públicas, porque las obliga a (i) diseñar las soluciones a través de una metodología que no pueden eludir y (ii) someter al escrutinio público las rutas de resolución elegidas para los problemas.

No obstante, no todo es un jardín de rosas en el mundo del AIR. Muchas veces los funcionarios públicos buscan soluciones que confirmen sus propios sesgos. Por ejemplo, si previamente creen que hay que crear nuevas regulaciones, buscan data que apoye esta medida, con lo cual se pierde la ocasión de identificar las mejores alternativas basadas en evidencia. Una opción que pronto hará —con menos sesgos— la inteligencia artificial, como el ChatGPT.

Otras debilidades son que, si bien la publicación temprana hecha por las 31 entidades referidas trae predictibilidad para los privados, las entidades pueden publicar otras medidas a lo largo del año, aunque también deban pasar por la metodología y escrutinio público del AIR.

Ningún gobierno autoritarista impulsaría el avance del AIR, porque implica democratizar la toma de decisiones públicas. De hecho, si Aníbal Torres y compañía la hubieran comprendido, lo más probable es que hubieran designando a algún allegado a la cabeza de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM para bloquearlo.

Ya que esto no ocurrió, aprovechemos los nuevos espacios para buscar influir técnica y transparentemente en las soluciones a nuestros problemas públicos. Por cada propuesta, habrá este año hasta tres ventanas de oportunidad para incidir, además de los espacios mediáticos, siendo los gremios y especialistas los vehículos idóneos para el sector empresarial.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.