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La minería ilegal no es un problema exclusivo de Perú. Sin embargo, según el estudio “Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur” del Instituto Peruano de Economía (IPE), nuestro país es el principal exportador de oro ilegal en la región y el más expuesto de todos a este delito. Las políticas de formalización tampoco avanzan mejor aquí.
La presentación de este estudio fue en el Simposio XV de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE). Si bien en otros países en la región el oro ilegal tiene mayor peso respecto a las exportaciones auríferas totales, Perú es el que más aporta en valor monetario.
Al mismo tiempo, Perú es, en comparación con Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela, uno de los países en América del Sur que más temprano institucionalizó, en varios frentes, sus políticas para erradicar la minería ilegal. Pero, como muestra el estudio del IPE, ello no ha significado avances resaltantes a la fecha.
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Posición estratégica
De acuerdo al documento, entre el 30% y 80% del oro exportado de América del Sur proviene de la minería ilegal. Si bien países como Colombia, Ecuador y Venezuela superan en porcentaje al Perú, el valor de su oro ilegal es casi la mitad de sus exportaciones auríferas totales. Situación muy diferente entre los países analizados (ver gráfico).
El IPE estima que la exportación de oro ilegal en el Perú alcanzó las 77 toneladas en el 2023, unos US$4,833 millones. Con ello, el 44% del oro que el Perú exporta sería ilegal.
Pero no solo eso, como bien indica Carlos Gallardo, gerente general del IPE, solo los envíos no legales de oro desde el Perú superan a las exportaciones auríferas totales de los otros cinco países analizados.
“Desde hace un año discutimos que la inversión minera no crece en Perú, pero sí aumenta, solo que es ilegal. Se infiere del gráfico que las exportaciones de oro ilegal peruanas superan a las del resto de países analizados”, resalta.
Hoy, que los precios del oro y cobre rompen récords históricos, Gallardo también advierte que Perú es el país más expuesto en América del Sur a que la minería ilegal se siga propalando.
“La minería aporta 10% al PBI peruano. Le sigue Bolivia con 5%, la mitad. El resto de países están más abajo. Claramente nos impacta mucho más”, refiere. Como también contó Gestión, de los 51 proyectos que componen la cartera de inversión minera, solo seis son de oro. Aparte, solo uno implica una construcción nueva.
Estas cifras tampoco serían posibles sin tener presente la geografía del país. Para el instituto, esta es una razón de peso para que la minería ilegal esté tan arraigada en el Perú: la posición estratégica del país la favorece. Son cuatro las zonas clave de minería ilegal que el IPE identifica en América del Sur. Tres de ellas cruzan el Perú.
El IPE destaca especialmente la zona fronteriza con Bolivia, ya que es el área donde se facilita el contrabando de insumos clave como el mercurio, que se usa para tratar el oro ilegal extraído que luego es exportado. Los principales destinos son Canadá, en Norteamérica; y la India en Asia.
“Nos expone bastante. Como la minería ilegal está vinculada con otras ilegalidades (contrabando, crimen organizado), al tener fronteras no tan pobladas, como sí pasa con Chile, hace más difícil su control. Por eso ingresa fácil el mercurio”, asegura Gallardo.
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Batalla perdida por ahora
A nivel de políticas implementadas, según el estudio del IPE, Perú resalta por un hecho particular. Es de los primeros en penalizar la minería ilegal y también en establecer políticas de formalización. En ambos casos lo institucionalizó a inicios de siglo. Sin embargo, no ha tenido resultados destacables, al igual que el resto de América del Sur.
Como ejemplo está el tan aludido Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia acaba este año. El IPE precisa que, al 17 de mayo del 2024, 64,151 de los mineros ahí inscritos están suspendidos, el 74% del total. Esto significa que no han dado los pasos solicitados para formalizarse (tener RUC o declarar producción, entre otros).
Ello también ha repercutido en el el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo), mecanismo de trazabilidad con el que Perú cuenta desde 2012 para este mineral. Para Gallardo, ha sido inefectivo.
“En este frente el país más avanzado es Brasil, que tiene un sistema de notificación electrónica. Las mejores iniciativas en Perú son sin presencia estatal: Minsur, por ejemplo, tiene un sistema para revisar si su estaño no se usa para hacer celulares con minerales ilegales”, explica.
Además de la trazabilidad, el IPE propone que el Estado realice intervenciones permanentes en zonas de riesgo, y un sistema de formalización mejorado con mayor tecnología para hacer un acompañamiento constante. Pero Perú necesitaría tocar puertas extranjeras también.
“Por ejemplo, la Unión Europea (UE) para alimentos como el café prohibirá su ingreso si viene de zonas deforestadas. No hay rastro de algo similar para combatir la minería ilegal”, asegura Gallardo.
Para alcanzar esto, el gerente del IPE apunta que se necesita un Ministerio de Energía y Minas (Minem) empoderado. “Tampoco tenemos una política de Estado real para el desarrollo productivo. Un ejemplo es lo que hace Devida con el narcotráfico”, agrega.
En el último pedido de facultades legislativas, que aún debe aprobar el Congreso, el Gobierno propone que el Minem retome temporalmente la dirección del proceso de formalización minera. Hoy, está en manos de los gobiernos regionales (gores). Aparte, plantean crear un único proceso de formalización, que incluya varios aspectos que el IPE exige en su estudio.
Para Gallardo, la transferencia de mando momentánea es buena idea, pero se pregunta qué pasará una vez venza. “Seguro podemos estar mejor con una centralización. Pero no puede hacerse sin fortalecer las capacidades de los gores al mismo tiempo. Si no, continuarán los problemas luego”, considera.
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