El 4 de abril último, el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, reveló a Gestión la decisión del Gobierno de que Petroperú asuma la operación de cuatro lotes petroleros en la cuenca Talara (noroeste) cuyos contratos vencerán entre los años 2023 y 2024.
En esa ocasión, el titular del Minem detalló que los lotes que la petrolera estatal asumirá este año en contratos de largo plazo (a 30 años) son el Lote I (que ya opera esa empresa pero con contrato por 24 meses), y los lotes VI (hoy operado por Sapet) y Z-2B (a cargo de Savia), y que el año entrante pasará a manejar el Lote X (hoy explotado por CNPC).
¿Cuál es la situación de los lotes que asumirá Petroperú?
Esos cuatro lotes (que en los últimos 30 años han sido operados por privados tras la privatización de activos de Petroperú) producen en conjunto 20,000 barriles en promedio diario (bpd), es decir, la mitad de la actual producción petrolera nacional (cerca de 40,000 bpd; ver tabla).
Pero lo que ha llamado más la atención es que el ministro haya referido en esa entrevista que la petrolera estatal asumiría esos yacimientos sin un socio estratégico, argumentando que, con el volumen de crudo que pasará a manejar y los ingresos que podría percibir por ello, le permitirán cubrir el costo de producción y mantenimiento de esas áreas.
No obstante, el anuncio ha generado opiniones en contra por parte de diversos especialistas que advierten que tal decisión puede contraer la producción de esos lotes, poner en riesgo la estabilidad económica de la empresa, y hasta contravenir la Constitución.
¿Cuánta inversión en realidad requieren los lotes del noroeste?
Según fuentes del Ejecutivo, los lotes en la cuenca Talara cuyos contratos están por vencer entre este y el próximo año, requerirían una inversión no menor de US$600 millones, según se había estimado cuando la agencia Perupetro planeaba sacarlos a licitación.
Ese monto de inversión se necesitaría tanto para realizar más exploración en esos yacimientos como para duplicar su producción (de los actuales 20,000 bpd, a 40,000 bpd).
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Para Eduardo Guevara, ex presidente de Petroperú, en principio, esa empresa estatal tendría que demostrar cuál es la viabilidad financiera de asumir esos cuatro lotes sin un socio, al recordar que las normas le impone condiciones para abordar ese tipo de actividades.
Condiciones que debe cumplir Petroperú
Una de esas condiciones, enfatizó, es que no puede realizar labores de exploración o explotación petrolera sin contar con un socio estratégico (que invierta en condiciones de riesgo).
Advirtió que si tal negocio no resultara rentable para Petroperú, sería nuevamente el Estado el que asumiría las pérdidas, por lo que indicó que el MEF debe evaluar si se trata de una iniciativa viable para la empresa.
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Además, Guevara consideró que antes de embarcarse en este emprendimiento, Petroperú aún tiene otras prioridades, entre ellas, someterse a un plan de reestructuración del gobierno corporativo de la empresa y lograr su sostenibilidad financiera.
Otras tareas pendientes, refirió, son terminar de poner en operación plena la nueva Refinería de Talara; pero principalmente ahora, lograr que se reanude el transporte de crudo por el Oleoducto Nor Peruano.
Estimó que ese ducto requeriría inversiones entre US$200 millones y US$1,000 millones (dependiendo de la complejidad de su modernización), y para el cumplimiento de condiciones de seguridad que le exige el reglamento de transporte de hidrocarburos (y aún no ha cumplido).
Producción de lotes podría declinar sin inversiones
En tanto, Carlos Gonzáles, director gerente de Enerconsult S.A., advirtió que si Petroperú no realiza inversiones en esos cuatro lotes que espera asumir, la producción actual de los mismos declinará progresivamente.
Ello, en vista de que el Lote X, por ejemplo, ha perforado 2,500 pozos en 29 años, un promedio de casi 100 pozos por año, por lo cual recalcó que es indispensable que vaya con un socio estratégico que asuma la inversión en esas perforaciones para que no se reduzca la producción.
En ello coincidió el ex presidente de Petroperú César Gutiérrez, quien indicó que con una visión tan limitada del Gobierno de no hacer más inversiones en los citados lotes, su producción disminuirá al punto que en cinco años el país necesitaría importar más crudo.
Además, si bien perforar un pozo petrolero en la cuenca Talara puede costar US$10 millones, advirtió que un lote offshore como el Z-2B (que también pasará a Petroperú) requiere inversiones aún mayores, que se estiman en US$100 millones por pozo, por la dificultad de perforar en el lecho marino.
Rol subsidiario del Estado sería freno a intención de Petroperú
Por su parte, Jorge Pérez Taiman, especialista en derecho de petróleo y gas, refirió que en el 2015 se hizo una excepción a un candado que se le colocó a Petroperú y se dejó que negocie con Perupetro el contrato del lote 192 (mediante ley).
Sin embargo, se debe tener en cuenta que según el artículo 60° de la Constitución, solo autorizado por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, acotó. Es decir, siempre y cuando no haya otras entidades privadas que puedan hacer aquello que quiere hacer la empresa pública, dijo.
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En esa línea, Anthony Laub, abogado especialista en hidrocarburos, precisó que, en cumplimiento del citado artículo de la Constitución, primero la agencia Perupetro tendría que convocar a concurso la licitación de los lotes del noroeste, y si es que esa subasta se declarara desierta, recién se podría entregar las áreas a la empresa estatal.
Pero para esto último, previamente el Congreso tendría que aprobar una ley que autorice a Petroperú a asumir la operación de dichos yacimientos, aclaró.
Laub consideró que el Gobierno, con su intención de darle más lotes a Petroperú (aparte del 192 y el 64), le sigue regalando dinero a esa empresa, pero sin ningún criterio técnico o económico.
Resumió que en el último año el Estado le ha entregado a Petroperú más de US$ 2,500 millones (incluyendo la inyección de capital más recursos adicionales para que pudiera adquirir combustibles y seguir operando).