Tras el fatídico incendio en un bus interprovincial en Fiori (San Martín de Porres) que acabó con la vida de 17 personas en abril del año pasado, se habló de modernizar el sistema de transporte interprovincial, principalmente en el caso de los terminales, dado el grado de informalidad, pero sobre todo el nivel de seguridad que ofrecían.
A mediados de 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la gestión de la ex titular María Jara, trabajó una modificación en la norma para establecer el sistema de Asociaciones Público Privadas (APP) para su modernización.
Además, la propuesta planteaba que Lima debía contar con un mínimo de dos terrapuertos en la periferia de la capital.
Sin embargo, dicha norma aún no entra en vigencia, y hasta la fecha solo se tiene un caso de APP para terrapuerto en el Perú, pero cuyo modelo está a punto de ser historia.
Terrapuerto Trujillo y el arbitraje
En el año 2012 se suscribió una concesión bajo el modelo de APP para la construcción, operación y mantenimiento de Terrapuerto Trujillo, entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Concesionaria Terrapuerto Trujillo S.A (que tenía como accionista a Casa Contratista) por un plazo de 24 años y nueve meses.
De manera gradual – estableciéndose cinco años de plazo- todo el transporte interprovincial y regional pasaría por dicho terminal, descongestionando la ciudad.
Sin embargo, Jorge Vega, gerente adjunto del Terrapuerto Trujillo dijo a Gestión que, tras una inversión de S/ 41 millones, solo tienen 10% del transporte interprovincial nacional.
“De los 1,000 buses de servicio nacional que conectan diariamente con Trujillo solo 100 pasan por el Terrapuerto”, remarcó.
Y en el caso del servicio regional, que se realiza a través de buses y transporte tipo van, ninguno se moviliza por dicho terminal.
Gestión conoció que esto llevó al inicio de un proceso de arbitraje en La Libertad, contra la Municipalidad Provincial de Trujillo, por las pérdidas que considera ha obtenido la empresa estimadas en S/ 36.6 millones.
Jorge Vega confirmó que dicho proceso ha sido admitido en diciembre último, detallando que actualmente operan al filo financiero, debido a que pueden cubrir sus gastos operacionales, pero están en rojo cuando se trata de las operaciones financieras.
“De no lograrse un resultado positivo en el arbitraje es posible que la empresa decida dejar la concesión, dado que las fórmulas proyectadas nos indican que sería lo más saludable”, expresó.
Lamentó que se llegue a esta situación, dado que en sus primeros años la empresa estaba explorando algunas opciones de APP de terrapuertos en otras zonas del país.
El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, dijo a Gestión que no ha tomado conocimiento del proceso de arbitraje, y que sería lamentable que dicho proceso se lleve adelante.
¿Qué generó dicho escenario?
En el contrato de concesión se estableció que gradualmente la Municipalidad de Trujillo iba a realizar la fiscalización a las operaciones de los terminales en la zona.
Sin embargo, Jorge Vega comenta que lo que se ha generado son nuevos puntos de concentración del transporte interprovincial en la ciudad, como si fuera Fiori.
El burgomaestre Daniel Marcelo sostiene que, durante el 2019 – año que inició su gestión- se han realizado cierre de terminales informales con unas 30 acciones de fiscalización, pero lamentablemente las empresas de transporte han apelado a las medidas cautelares en el Poder Judicial.
A ello se suma que, el año pasado se cerró el Terminal Terrestre Santa Cruz, pero se ha permitido que los mismos transportistas ocupen calles en el distrito de La Esperanza.
Dicho terminal – que capta transporte para el traslado regional- tenía solo autorización hasta fines del 2018, pero en mesas de negociación con la comuna de Trujillo, dicho plazo se extendió hasta setiembre del 2019.
Se conoció que como parte del acuerdo, dichos transportistas se iban a trasladar al Terrapuerto de Trujillo, pero en su lugar decidieron ocupar la vía pública.
El alcalde sostiene que el Terrapuerto de Trujillo "no ha ofrecido las facilidades del caso, esto no ha facilitado la formalización del transporte”.
Mientras que, por el lado de la concesionaria, Jorge Vega sostiene que otorgaron en marzo tres meses de servicio a “cero costo”, y que a partir del cuarto mes se elevaría al mismo precio que mantenía en el antiguo terminal, de S/ 4 por embarque.
“Ellos (los transportistas), con el servicio que realizan de manera informal terminan pagando más y en muchos casos hasta el doble por las penalidades que se imponen ellos mismos”, expresó.
