El grupo Telefónica reclama al estado peruano 1,122 millones de euros (más de US$ 1,200 millones) por daños y perjuicios, correspondientes a impuestos realizados en el país y provisiones fiscales de tributos pendientes de abonar, según dio a conocer elEconomista.es. El monto total o parcial de esta reclamación -que pudiera o no retornar a las arcas de la compañía-, se conocerá a finales del próximo febrero de 2025 o inicio de marzo, según pudo conocer dicho medio. Para ello, se deberá resolver el arbitraje que desde hace más de tres años se dirime en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
El área jurídica de Telefónica, junto con sus asesores fiscales del bufete Uría Menéndez, mide sus opciones en el Ciadi, no solo para reintegrar los pagos ya realizados, sino también para desbloquear las provisiones de otros tributos exigidos por el fisco peruano, se informó.
En detalle, los primeros se refieren a impuestos ya desembolsados por valor de US$ 572.5 millones con pagos efectuados al fisco peruano presuntamente contrarios a derecho. Los segundos aluden a otras exigencias fiscales, de hasta US$ 647.2 millones cuyas reservas se anotaron en las cuentas de la compañía de ejercicios precedentes.
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“Estas últimas son cantidades exigidas por Perú, pero no pagadas por Telefónica, por considerar que violan los acuerdos bilaterales de inversión entre España y Perú. En el mejor de los casos, Telefónica podrá decidir la suerte de esas provisiones, ya sea mantenerlas en un país con alta inseguridad jurídica o reducir la deuda, entre otras opciones”, revela el medio.
A las cifras anteriores se añaden otros US$ 7.4 millones relacionadas con el perjuicio emergente, de costes de asesores legales y fiscales, así como del establecimiento de fianzas en procesos locales.
De las cantidades ya desembolsadas y también provisionadas, el 80% de ellas procede de intereses acumulados por impagos no atribuibles a Telefónica en sus operaciones históricas en el país.
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Telefónica acudió al organismo que dirime las diferencias relativas a inversiones internacionales el 12 de marzo de 2021. En su denuncia, el grupo español estimó que las medidas emprendidas por el Poder Ejecutivo conculcaban gravemente las obligaciones del país en virtud del Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú, en concreto, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Perú (APPRI).
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