Se estima que demanda de SK contra el Estado sería de US$ 1,000 millones

Esa es la información que dio a Gestión vía email Chi Woo-Hyuk, gerente general de la sucursal en el Perú de la citada firma surcoreana, la cual ya la semana pasada había revelado sus discrepancias con el Ejecutivo, por que este no le permite vender el 17.6% de su participación en el consorcio Camisea a Pluspetrol, que es el socio mayoritario (con el 27.2%) en ese grupo empresarial (Gestión 9.2.2021).

Vale recordar que ambas compañías habían llegado a un acuerdo de compra venta de esa participación en setiembre del 2019, por US$ 1,052 millones, pero, según la normativa, tal transacción debe ser aprobada antes por el Gobierno, mediante un decreto supremo.

En el correo electrónico dirigido a este diario, el gerente general de SK Innovation menciona que Perupetro (como agencia estatal encargada de supervisar los contratos en hidrocarburos en el país) ya había emitido certificado de calificación para hacer tal transacción (de las acciones de la empresa surcoreana) a favor de Pluspetrol en diciembre del 2019.

Además, añade, el directorio de Perupetro había aprobado la asignación de la transacción entre SK y Pluspetrol en abril del 2020.

Reparación

Asimismo, la compañía asiática indico que el perjuicio económico que le significa la no autorización de la venta de su participación en Camisea se continúa incrementando, por lo que la empresa aún está cuantificando cuál sería el monto de la reparación que exigiría al Estado en el arbitraje.

No obstante, según el diario El Tiempo (de Colombia), SK Innovation declaró que la (posible) pérdida del caso peruano en este arbitraje supondría más de US$ 1,000 millones.

Adenda

Además, SK Innovation indicó a Gestión que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) -como requisito para aprobar la referida transacción- ha solicitado una adenda (a sus contratos por los lotes 88 y 56) a los restantes socios del Consorcio Camisea.

Vale recordar que además de SK Innovation y Pluspetrol, también son socios en ese grupo Hunt Oil, de Estados Unidos, (con el 25.1%); la argentina Tecpetrol (10%), la argelina Sonatrach (10%) y la española Repsol (10%).

Cláusula anticorrupción

Al respecto, Pluspetrol reveló a este diario que antes de aprobar la cesión, el Ejecutivo está requiriendo que los socios del consorcio incluyan cláusulas anticorrupción en los nuevos contratos a firmar (por los lotes antes citados).

“SK está en lo correcto cuando dice que (la mencionada exigencia del Estado) no debería ser una precondición para la aprobación de la operación de venta, porque este requisito adicional no está contemplado en la ley”, fustigó.

Añadió que tal cesión debe materializarse a través de una enmienda al contrato de licencia, “pero el Estado peruano pretende introducir al contrato de licencia cláusulas no relacionadas con la venta, condicionando con ello la salida de SK”.

Además, Pluspetrol refirió que, a la fecha, el Gobierno está proponiendo, entre otras cláusulas, que todos los socios se hagan responsables de las acciones no solo propias sino de los otros (solidarias) y sin límite de geografía ni tiempo.

“Es decir que si algún socio es acusado de un acto de corrupción en algún lugar del mundo y en algún momento de su historia, no solo este socio perdería la licencia sino todos los integrantes del consorcio. Esto, sin duda, es una carga que no es razonable para los miembros del consorcio”, aseveró.

PARA RECORDAR

• Contrato. El Consorcio Camisea firmó contrato por los lotes 88 y 56, ubicados en el distrito de Megantoni, en la región Cusco, en el año 2000 y comenzó su explotación, a cargo del socio operador Pluspetrol, en el 2004.
• SK Innovation. Luego de lograr la venta de su participación del 17.6% en el consorcio Camisea, los planes de SK Innovation son enfocarse en inversiones en tecnologías carbono neutrales e invertir en fuentes de energía, incluyendo baterías.