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La aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair impugnará ante el Tribunal de Justicia Europeo el plan de rescate del gobierno alemán por 9,000 millones de euros para salvar a la compañía Lufthansa, alegando que es contrario a la competencia.
“Ryanair denunciará este nuevo ejemplo de ayuda estatal ilegal, que distorsionará enormemente la competencia y las reglas del juego en los vuelos hacia y desde Alemania en los próximos cinco años”, afirmó el presidente del grupo, Michael O’Leary, en un comunicado.
El controvertido fundador de Ryanair ha denunciado con dureza desde el comienzo de la crisis sanitaria las ayudas de varios estados a las grandes compañías aéreas y ya llevó los casos de la aerolínea escandinava SAS y a las empresas francesas ante la corte europea.
“El gobierno alemán sigue ignorando las normas europeas cuando le conviene para subvencionar a las grandes empresas alemanas, pero da lecciones a todos los demás gobiernos europeos sobre cómo respetar las normas”, fustigó O’Leary.
Asegura que esta ayuda impedirá que las aerolíneas de bajo coste como la suya compitan con Lufthansa, que según él podría ofrecer vuelos a pérdida en el mercado alemán, uno de los más importantes para Ryanair.
Lufthansa y el gobierno alemán llegaron a un acuerdo el lunes sobre un rescate de 9,000 millones de euros que convertirá al Estado en el mayor accionista del gigante de la aviación para evitar su quiebra.
Debido al coronavirus y las restricciones de viajes, el sector de la aviación está atravesando una crisis sin precedentes que amenaza su propia existencia.
Ryanair ha asegurado durante semanas que no necesita ayuda estatal y que tiene suficiente liquidez para hacer frente a esta conmoción.
Sin embargo, la compañía planea suprimir 3,000 puestos de trabajo, principalmente pilotos y tripulación de cabina, el 15% de su plantilla.
También ha recurrido a un préstamo de 600 millones de libras del gobierno británico como parte de una medida de apoyo a las grandes empresas. Sin embargo, Ryanair considera que no se trata de una ayuda estatal contraria a la ley, sino de una medida abierta a todas las empresas en buena salud financiera.
