Azteca rechaza contrapropuesta estatal para caducar contrato de Red Dorsal

A fines del año pasado -como se recuerda- Azteca Comunicaciones presentó ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) una propuesta de adenda para resolver el contrato de concesión por mutuo acuerdo.

Seis meses después, desde el Estado se presentó una contrapropuesta debido a que “no era posible aceptar todos los extremos” planteados, la misma que fue rechazada -en julio último- por la firma mexicana.

En una misiva, Azteca manifiesta “su total discrepancia con los términos de la contrapropuesta” ya que -desde la óptica del concesionario- “era abiertamente contraria a los acuerdos previamente arribados”.

Esta infraestructura nació con la idea de llevar internet a las zonas más alejadas del país por lo que se desplegó 13,500 kilómetros de fibra óptica a 180 capitales de provincias.

No obstante y tras cinco años de operación apenas se usa el 10% de su capacidad a lo que se suma que no hay una sola institución pública que la utilice. La empresa -a su vez- hizo el pedio de resolver el contrato porque solo tiene el 7% del tráfico de ingresos previstos y mantiene la tendencia a la baja.

¿Qué salidas quedan ahora ya que no hubo consenso para la resolución del contrato por mutuo acuerdo? Un camino es que se reabra nuevamente el diálogo y lleguen a un punto de equilibrio.

Pero si eso no funciona es posible que algunas de las partes -probablemente el concesionario Azteca- busque activar el mecanismo de solución de controversias, lo que implica el inicio de un litigio arbitral que puede durar hasta dos años. Una tercera opción es que se resuelva el contrato unilateralmente por incumplimiento de algunas de las partes.

“En este caso se propuso la firma de una adenda para la resolución del contrato por mutuo acuerdo. En vista de que no se ha llegado a un acuerdo entre las partes (concesionario y concedente) hay hasta tres caminos: irse a arbitraje (solución de controversias) o reabrir nuevamente el diálogo para llegar a un acuerdo o la resolución unilateral del contrato por incumplimiento de una de las partes”, explicó el socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Ronald Fernández Dávila.

En el caso de solución de controversias vía arbitraje -normalmente, detalló el letrado- no hay un monto indemnizatorio al menos que existan incumplimientos. “Si hay un incumplimiento de por medio se podría exigir una indemnización”, acotó.

Si van por este camino, las partes tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones, es decir, en el caso de Azteca continuar con la operación de la RDFO y en el caso del Estado garantiza los ingresos del concesionario, cubriendo la diferencia entre los ingresos por ventas y gastos de operación-mantenimiento e inversión realizada

“Si se van a un arbitraje se mantiene el status quo hasta llegar a un acuerdo". Cabe precisar que pese a que no hay acuerdo, Azteca ha manifestado al Estado su “absoluta disposición y voluntad a la terminación del contrato bajo los términos establecidos en el proyecto de adenda No 3”.

Alejandro Jiménez, exgerente general del Osiptel, precisó que una salida es que se active el anexo 9 del contrato de concesión que establece el pago de penalidades por caducidad del contrato de concesión. “La penalidad (que deberá pagar el concesionario) va hasta los US$ 22 millones”, precisó.

“Si Azteca no acepta la condiciones del Estado peruano y al no operar la Red Dorsal ya que está prácticamente abandonada, lo que genera un perjuicio al Estado peruano, entonces se activaría la resolución unilateral y exigir el pago de la penalidad. La adenda propuesta por Azteca no era favorable para el Estado peruano, por eso no ha sido aceptada”, explicó.

DATO: de acuerdo a Jiménez el Estado ha pagado al concesionario Azteca hasta el momento US$ 320 millones en cubrir la diferencia entre los ingresos por ventas y gastos de operación-mantenimiento e inversión realizada.

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