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La semana pasada la Defensoría del Pueblo demandó a la PCM interponer con urgencia las medidas “a fin de evitar que la decisión de liquidación de la empresa Pluspetrol Norte tenga por efecto la imposibilidad de cumplimiento de remediación de los impactos ambientales a su cargo, así como del cumplimiento de otras medidas dispuestas por la entidad fiscalizadora”.
Al respecto, la empresa -en un comunicado- dijo que “los pasivos ambientales objeto de la controversia con el OEFA fueron causados, en su totalidad, por operadores anteriores a Pluspetrol Norte (PPN)”.
“Desafortunadamente, en lugar de atribuir la responsabilidad por su generación y remediación a sus causantes y al Estado, el OEFA busca trasladarla a PPN, en perjuicio del ambiente y las comunidades”, acotó.
Añadió que la ley peruana establece con claridad el principio por el cual “el contaminador es el pagador”; siendo la única excepción contemplada el caso en el que una empresa asuma voluntariamente los pasivos de otra, cosa que no ha ocurrido.
“PPN fue a un arbitraje internacional para que este determinase si había asumido o no contractualmente remediar los pasivos de los operadores anteriores a ella”, refirió.
En esa lineal, mencionó que causa sorpresa que la Defensoría obvie lo que dispuso el laudo arbitral, que es cosa juzgada que “declara que Pluspetrol no asumió contractualmente responsabilidad u obligación de remediar Afectaciones Ambientales Históricas causadas con anterioridad al 30 de agosto de 1985 ni causadas entre el 30 de agosto de 1985 y el 8 de mayo de 2000″y únicamente asumió contractualmente una obligación general de cumplir la normativa ambiental y de acatar las decisiones de las autoridades competentes,
“PPN ha respondido por todos los pasivos causados durante su época de operación (incluyendo los causados por actos vandálicos) y ha pagado todas las multas exigibles que se le han impuesto”, remarcó.
Se ha destinado -anotó- más de US$ 800 millones en un programa de reinyección de las aguas de producción que fue pionero en el Perú.
“El no cumplimiento de sus deberes por parte del OEFA y su intransigente posición de imputar la responsabilidad a PPN es lo que, de forma injusta, posibilita que los verdaderos obligados a remediar escapen su responsabilidad, condenando a las comunidades a vivir en una situación de vulnerabilidad”, puntualizó.