Demora en aprobar nuevos proyectos de líneas de transmisión genera riesgo de cortes de luz

Así lo estimó el español Grupo Redeia, a cargo de esta infraestructura en Perú a través de la concesionaria Transmisora Eléctrica del Sur 4 (Tesur 4).

Luego de varios meses de espera, la semana pasada la compañía recibió de parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem) la concesión definitiva para operar esta línea.

“Ya estamos haciendo las pruebas para energizar la línea. Se busca ampliar el servicio a nuevas zonas y también tener líneas de redundancia, para que en caso haya algún problema en la red, no se resienta el servicio público”, señaló a Gestión Beatriz Corredor, presidenta del Grupo Redeia. Agregó que para este proyecto la compañía invirtió alrededor de US$ 30.7 millones (30 millones de euros).

Por su parte César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), refirió que si bien la entrada en operaciones de la nueva línea podría significar un aumento en la tarifa, “no debería ser un incremento significativo”, pues al ampliarse la demanda el alza se distribuye entre más usuarios.

Proyectos en espera

Tintaya-Azángaro era una de las tres grandes líneas de transmisión que estaban a la espera de recibir la aprobación de la concesión definitiva de parte del Minem, indicó César Butrón, presidente del COES.

Refirió que las otras dos líneas son Mantaro-Huánuco y Yana Coya -a cargo del Consorcio Transmantaro- y que están en una situación similar a la Tintaya-Azángaro (Gestión 24.10.2022). Es decir, son proyectos concesionados que recibieron todas las aprobaciones necesarias, ya están por terminar su construcción, pero aún no reciben la concesión definitiva luego de que un fallo judicial emitido a inicios de año señala que se debe aplicar la consulta previa a proyectos en desarrollo.

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Butrón refiere que el Minem debería proceder con esos dos proyectos pendientes de la misma forma que lo ocurrido con Tintaya-Azángaro. Es decir, que no aplique la consulta previa, pues refiere que ello debería realizarse para nuevos proyectos.

“Antes la consulta previa estaba exonerada en caso de los proyectos de servicios públicos, ahora con este fallo judicial, señala que se debe hacer. Pero tendría que ser con los nuevos proyectos, ¿Cómo se va a detener los proyectos ya concesionados y construidos? Eso no debe ocurrir”, señaló Butrón.

Agregó que los riesgos en la demora de nuevas líneas de transmisión o redundancia del sistema eléctrico son que las líneas existentes se sobrecarguen, fallen y se generen cortes del suministro o racionamiento en el servicio, con un gran perjuicio hacia los distintos tipos de usuarios.

“Hay empresas interesadas en participar en las licitaciones, hay importante competencia en el sector, pero el problema es que los concursos demoran muchos en salir”, remarcó Butrón.

Por su parte, Beatriz Corredor, presidenta del Grupo Redeia, refirió que la compañía sí tiene interés en participar en nuevas licitaciones de líneas eléctricas.

“Siempre evaluamos participar en los procesos para mejorar la cobertura de electricidad; dependemos de que el Gobierno saque los concursos. Estamos al pendiente de ello”, señaló.

Asimismo, refirió que el esquema de contratos-ley ha sido beneficioso para el sector, pues genera un modelo regulatorio estable que atrae inversiones. “Si el país garantiza estabilidad jurídica a largo plazo, nosotros también garantizamos nuestros compromisos de largo plazo con el país”, anotó Corredor.

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