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El Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador contra 6 empresas del sector construcción por presuntamente haberse repartido el mercado de contratación de personal calificado, durante los años 2011 a 2017.
Las empresas incluidas en el procedimiento son Cosapi S.A., JJC Contratistas Generales S.A. (JCC), Mota-Engil Perú S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), Cumbra Perú S.A. (antes, GyM S.A) y Unna Transporte S.A.C. (antes, Concar S.A.).
De acuerdo con el Indecopi estas son las empresas “más representativas” de su sector.
También si inició un procedimiento sancionador contra 4 funcionarios (o ex funcionarios) de Cosapi, JJC, Mota-Engil y GyM, “ya que las evidencias indicarían que estas personas habrían participado en la planificación, realización y ejecución de la conducta investigada”.
La Conducta
Según el Indecopi, entre el 2011 y 2017 las empresas habrían implementado un pacto de no agresión, mediante el cual acordaban no contactar ni contratar a personal calificado o especializado que trabajaba para las demás empresas, así como sus extrabajadores.
Como parte del pacto, las empresas habrían realizado consultas de disponibilidad, solicitudes de bloqueo y reclamos por las contrataciones finalizadas.
Efecto
El Indecopi recalcó que la conducta de dichas empresas habría creado una restricción en la movilidad laboral del personal especializado de las empresas investigadas, quienes vieron limitadas sus opciones para cambiar de empleador de forma libre.
La entidad señala que se verificaron situaciones en las que la contratación de un profesional “dependía exclusivamente de la decisión del empleador o ex empleador”, afectando los derechos de sus trabajadores, así como sus oportunidades profesionales.
