El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz del ex directivo de la antigua empresa Graña y Montero, José Graña Miró Quesada, con la justicia peruana.
Con ello, el empresario no podrá contratar con el Estado peruano por cinco años y deberá pagar una reparación civil de aproximadamente S/ 40 millones por los daños causados al país.
Mediante resolución del 2 de enero del presente año, el juez John Pillaca Valdez aceptó el convenio al que arribaron la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato y el Equipo Especial del Ministerio Público con el ex directivo.
En dicho texto, Graña Miró Quesada reconoció haber cometido graves delitos de corrupción y se comprometió a colaborar con la justicia entregando información en seis carpetas fiscales, entre las cuales se encuentran el caso “Club de la Construcción” y los procesos vinculados a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e IIRSA Sur Tramos 2 y 3.
Según las cláusulas fijadas, el empresario tendrá un plazo de 60 días después de emitida la sentencia para realizar el pago de reparación civil.
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Cabe recalcar, que dicha multa es adicional a los cerca de S/ 500 millones que pagará la compañía Aenza (antes Graña y Montero), en cumplimiento con el acuerdo de colaboración eficaz que firmó la empresa con la Procuraduría ad hoc y el Equipo Especial del Ministerio Público, el cual fue presentado al Poder Judicial en setiembre del año pasado y se encuentra a la espera de su aprobación.
“Una vez efectuado el pago del señor José Graña estaremos ante la reparación civil más alta que se ha cobrado hasta el momento a una persona natural por delitos de corrupción en el Perú”, afirmó la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola.
“Esta colaboración posee una gran relevancia en materia penal porque fortalece las investigaciones en varios procesos importantes, especialmente en tres casos que ya cuentan con acusación fiscal, donde el señor Graña deberá brindar su testimonio próximamente en los juicios orales”, sostuvo la abogada del Estado.