Empresas podrían tener que ampliar sus programas de cumplimiento

Entre los delitos por los cuales una persona jurídica podría ser sentenciada o condenada figuran el delito de contabilidad paralela, contra la propiedad intelectual y contra la competencia, el delito de tráfico de drogas, medio ambiental, y de minería ilegal, y delitos aduaneros, tributarios y de corrupción privada.

“Esa ampliación es positiva, pero no suficiente”, considera Carlos Caro, socio fundador de Caro & Asociados. Hay algunos delitos que la propuesta no incluye, como los laborales, contra la salud y la seguridad en el trabajo, y delitos patrimoniales, como la estafa o el fraude. “Son delitos que deberían de estar en el listado”, insiste Caro.

De aprobarse la norma, las empresas tendrán que ampliar sus programas de cumplimiento, lo cual, más que dinero, requiere tiempo y recursos humanos. “Van a tener que poner en su mapa de riesgos esos delitos, si es que tienen relación con sus actividades”, indica el abogado penalista. Por ejemplo, una empresa minera o petrolera tendrá que evaluar los riesgos de cometer un delito ambiental, pues este podría dar lugar a una responsabilidad penal.

El Proyecto de Ley del Ejecutivo incluye también a las empresas jurídicas extranjeras, que operan fuera del Perú o que han sido fundadas fuera del país.

Caro explica que si una persona jurídica es penalmente responsable, la responsabilidad recae sobre la empresa, ya sea a través de multas, cancelación de licencias o autorizaciones, o suspensión de actividades. En casos graves, se puede llegar a la disolución de la compañía. De ser el caso, los individuos son sancionados de forma específica e individual.

La norma prevé que la persona jurídica puede evitar la responsabilidad penal si es que tiene un modelo de prevención eficaz y detalla cómo debería ser dicho modelo. Por ejemplo, la persona jurídica debe revisar su perfil de riesgos por lo menos una vez al año. Además, la norma exige la difusión y capacitación periódica del modelo de prevención en todos los niveles de la empresa y procedimientos de denuncia que contemplen como mínimo vías de fácil acceso, que garanticen la protección del denunciante.

Si bien Caro opina que, en el balance, la propuesta es positiva, sostiene que falta incluir normas procesales, como por ejemplo, regular si la empresa tiene derecho al silencio o no y cómo se deben de probar los modelos de cumplimiento.