La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) de Ecuador aseguró este martes que los servicios de telefonía móvil continuarán pese a que ha suspendido la negociación de la renovación de las concesiones con la española Telefónica Movistar y la mexicana Claro.
La Arcotel afirmó en un comunicado que los servicios no se verán interrumpidos ni suspendidos, “sin perjuicio de los plazos contractuales con las operadores telefónicas, mientras avanza el proceso de renegociación” con las dos empresas privadas que operan en el país.
El organismo regulador de Ecuador confirmó que “la renegociación se encuentra suspendida hasta asegurar las mejores condiciones de prestación de servicio en beneficio de los usuarios, y la incidencia de estos espacios en la valoración, así como en la gestión de autorizaciones e informes técnicos”.
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Asimismo, apuntó que la negociación “no se trata únicamente de la valoración del espectro, sino de la valoración integral de la concesión que contiene otros elementos fundamentales” como “tecnologías e inversiones, beneficios sociales, ampliación de cobertura, tecnología para seguridad nacional, montos que deben pagarse al Estado”.
La Arcotel recordó también que ha gestionado la participación de organismos multilaterales dentro de la negociación y una veeduría ciudadana para contar con asesoría técnica y transparencia, respectivamente.
Entre los organismos invitados al proceso de negociación están las Naciones Unidas, el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de Información de América (Certal).
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Suspensión de 120 días
Las negociaciones fueron suspendidas en mayo por un plazo de 120 días o hasta que varias instituciones entreguen una serie de informes solicitados.
La suspensión se dio menos de una semana después de la “muerte cruzada” declarada por el presidente, el conservador Guillermo Lasso.
Con ese mecanismo constitucional, Lasso disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, en el momento que se disponía a debatir y votar su destitución en un juicio político y forzó la convocatoria de elecciones generales extraordinarias, que tendrán su primera vuelta el 20 de agosto.
Las concesiones de Claro y de Telefónicas, otorgadas en 2008 por el plazo de 15 años, vencen el 27 de agosto en el caso de la compañía mexicana y el 30 de noviembre en el caso de la española.
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Posiciones distantes
De acuerdo a fuentes próximas a la negociación consultadas por EFE, existe una diferencia muy grande entre los términos económicos que espera recibir el Estado y lo que están dispuestas a pagar las empresas por una nueva concesión.
Esto debido a que, de acuerdo a las cuentas de resultados de las compañías, los márgenes de beneficios por los servicios de telefonía se han reducido, porque la facturación ha caído a la vez que han aumentado las necesidades de inversión en tecnología para aumentar el ancho de banda de internet, como el 5G.
Ante la irrupción de las redes sociales y las plataformas de “streaming”, que no existían en 2008, la red exige mucha más inversión y mantenimiento, mientras que las tarifas tienden a su reducción, anotó la fuente.
Las compañías inmersas en este proceso consideran que la concesión de 2008 ya se otorgó con un precio siete veces por encima del promedio de Latinoamérica, y son pesimistas en alcanzar un acuerdo bajo las mismas condiciones para la próxima concesión, al pensar que no sería rentable.
Al menos una de estas empresas ve con buenos ojos explorar modelos como el de Chile o Brasil, donde el Estado renuncia a cobrar la concesión o cobra únicamente un porcentaje a cambio de que la compañía haga las inversiones para extender la cobertura telefónica a zonas rurales que no tienen acceso a la telefonía móvil.
(Con información de EFE)
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