:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/VT3X7MHWCJBD5PVS7EML2KUV4Q.jpg)
En los informes de control posterior que realiza la Contraloría General de la República a los proyectos de inversión en el país, de contratación de bienes y de servicios, además de determinar la posible responsabilidad de los funcionarios públicos en casos de corrupción o inconducta funcional, también identifica si las empresas vinculadas a dichos procesos incurrieron en este delito.
Según el contralor de la República, Nelson Shack, entre el 2018 y el 2021 se han identificado 438 empresas que tienen responsabilidad penal por posibles actos de corrupción.
“En los informes de control posterior cuando ves una obra, la contratación de un bien o un servicio, y hay una presunta responsabilidad penal, un presunto hecho de corrupción, es obvio que no hay corrupto público sin corruptor privado”, dijo Shack ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.
Los datos presentados muestran que en el 2018 se detectaron 126 empresas implicadas en actos de corrupción, 183 en el 2019, bajaron a 120 en el 2020 y en lo que va del 2021 son 68 las identificadas. Si bien el total de estos hallazgos es de 497, la cifra baja a 438 porque en varios de los casos las empresas se repiten.
El contralor explicó que los informes que emite la institución de control identifican a las empresas vinculadas al sector público en los actos de corrupción, pero no analiza su comportamiento y que esa es función de la Procuraduría y la Fiscalía, a quienes remiten los documentos respectivos.
Después de Lima, el mayor número de empresas con posible responsabilidad penal, corresponde a las regiones de Áncash, Cajamarca, Junín y Huánuco (ver tabla).
Falta sanción
Nelson Shack afirmó que las firmas que están identificadas en los informes, normalmente son las que están en una obra y luego saltan a otras, lo cual consideró que es uno de los principales problemas a los que se tienen que ponerle un alto.
“Hasta que las empresas sean sancionadas e inhabilitadas, seguirán haciendo de las suyas”, precisó.
Por ello, anunció que la Contraloría realiza un informe detallando no solo con los nombres de las empresas, sino identificando a los representantes legales y tener mayores precisiones sobre su campo de acción. En un mes estaría concluido este documento y será de acceso público.
Efecto en el Estado
El contralor Shack reiteró que en el 2020 los actos de corrupción y la inconducta funcional de los funcionarios públicos hicieron que el Estado pierda más de S/ 22,000 millones (Gestión 07.07.21).
Si bien la cifra es menor a los casi S/ 23,300 millones del 2019, esto se debió a la paralización de las obras por la pandemia.
Se detalló que este tipo de acciones tuvieron nuevamente a las regiones de Piura y El Callao, con los montos más altos de pérdidas para Estado, luego de Lima Metropolitana que sigue a la cabeza.
Mientras en la capital peruana la corrupción e inconducta funcional generó un perjuicio económico por S/ 7,751 millones en el 2020, en medio de la pandemia, en Piura el monto fue de S/ 1,189 millones y en el Callao de S/ 1,051 millones.
Otras regiones con perjuicios altos son Arequipa, con S/ 901 millones; Cusco, con S/ 894 millones; Áncash, con S/ 824 millones, entre otras.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/VZEXHIEXRRCXHMN3WTTIOYJN6Q.JPG)
EN CORTO
- Funcionarios. De acuerdo con la Contraloría, entre enero y setiembre se han identificado 3,510 funcionarios con responsabilidad administrativa, penal o civil en el uso de los recursos públicos. De estos, son 3,325 los que tendrían responsabilidad administrativa, 1,517 con temas civiles y 1,218 con temas penales.
El Gobierno hace 120,000 modificaciones presupuestales
Entre los problemas identificados por la Contraloría para la ejecución del presupuesto público, está la gran cantidad de modificaciones que se hacen todos los años al uso de los recursos.
El contralor, Nelson Shack, afirmó que cuando se hace un análisis estructural de esta situación se observa que en el Gobierno nacional se hacen alrededor de 120,000 modificaciones presupuestarias en el año. Mientras que al interior de los gobiernos regionales, como 80,000 y en los gobiernos locales, que son más, la cifra supera las 400,000 modificaciones.
Refirió que si se toma en cuenta que se gastan en 1,800 entidades que son las unidades ejecutoras, cada una de estas hace una modificación de su presupuesto todos los días.
“Así, la verdad, no se puede ejecutar el presupuesto, nadie podría hacerlo. Cambian demasiado, hay mucha improvisación, muchas modificaciones”, dijo.
Consideró que hay rigideces que son necesarias para centrar las prioridades institucionales.
