Una nueva batalla por el control de Citgo Petroleum, el octavo mayor refinador de petróleo de Estados Unidos y el mayor activo de Venezuela en el exterior, podría desencadenarse pronto con una reorganización de su junta directiva acordada por opositores de ese país.
La renovación se produciría a pesar de que la compañía registró ganancias firmes tras dos años de pérdidas y podría conducir a la salida de ejecutivos clave, dijeron expertos y miembros actuales de las juntas que supervisan la empresa.
Al Departamento de Estado de Estados Unidos le preocupa que los cambios desencadenen una lucha desordenada por el control, dijeron dos fuentes. Washington ha presionado a la oposición para que estabilice las operaciones extranjeras de Venezuela.
Citgo, una subsidiaria de la petrolera estatal PDVSA, es supervisada actualmente por una junta designada por Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como el líder legítimo de Venezuela. Estados Unidos considera que la reelección del presidente Nicolás Maduro en el 2018 fue una farsa.
Bajo el argumento de que se necesita una mayor estabilidad, la oposición aprobó un acuerdo en junio para transferir el poder de nombrar las juntas directivas de Citgo y otros activos extranjeros de Venezuela de Guaidó a un nuevo consejo.
El consejo de tres miembros, que serán designados por opositores, también supervisará y evaluará el desempeño de Citgo. La empresa y el Departamento de Estado de Estados Unidos declinaron comentar.
Julio Borges, líder de Primero Justicia, dijo que se necesita una nueva estructura para salvar a Citgo y a otras filiales de la intromisión de los partidos. “Debemos sacarlos del control político”, agregó Borges.
Gustavo Marcano, también del partido Primero Justicia, dijo que el consejo “es un primer paso para dar mayor estabilidad a las compañías en el extranjero ante posibles cambios políticos”.
Tras revisiones que le dieron voz a Guaidó en la composición de las juntas, el partido que lo representa, Voluntad Popular, accedió al pacto, dijeron dos fuentes cercanas a la decisión. Se requerirá la aprobación final de Guaidó para cualquier nombramiento de ejecutivos.
“Podría ahuyentar a los gerentes”
Actuales miembros de las juntas que supervisan a Citgo criticaron la decisión y dijeron que no tiene sentido desde el punto de vista operacional. “La gestión de estas juntas ha sido buena y no ha sido sujeto de críticas a nivel profesional”, dijo Horacio Medina, presidente de la junta que supervisa varias filiales de PDVSA, incluida Citgo. “Esta decisión es un error y podría terminar alejando a nuestros mejores gerentes. No planeo renunciar”.
Citgo recientemente volvió a registrar números azules tras las pérdidas durante la pandemia de coronavirus. Su ganancia de US$ 245 millones en el primer trimestre fue diez veces superior al nivel del año pasado debido a mayores volúmenes de procesamiento y de exportaciones, así como márgenes más sólidos.
Dos ejecutivos cercanos al directorio de Citgo dijeron que el presidente ejecutivo, Carlos Jordá, quien asumió el puesto hace tres años y se reincorporó a la junta en octubre pasado, podría ser presionado para que salga del cargo.
Jordá no pudo ser contactado para comentarios.
Otros cuestionaron la constitucionalidad de la medida.
Cualquier cambio que remueva a Guaidó del control de las filiales externas de Venezuela “es simplemente inconstitucional, ya que la Constitución establece que el presidente debe estar a cargo de los activos extranjeros”, dijo José Ignacio Hernández, exprocurador general especial de Venezuela, quien agregó que objetivo final de algunos partidos de oposición es obtener acceso a los activos externos del país.
El procurador general especial actual del gobierno interino también hizo advertencias sobre la medida, citando riesgos legales, reputacionales y financieros. Un nuevo consejo es “indebido” e “innecesario”, agregó Enrique Sánchez en una carta publicada días antes de la decisión de los legisladores.
Sin embargo, Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en Washington, señaló que el nuevo consejo podría ser útil para ayudar a administrar los activos extranjeros de Venezuela.
Según dos abogados familiarizados con el asunto, cualquier reorganización administrativa en Citgo podría desatar un desafío judicial. En el 2020, una corte en Delaware ratificó a los ejecutivos designados por Guaidó para manejar la empresa. Un cambio podría requerir nuevas aprobaciones.
Movimientos en el control de Citgo también elevan el riesgo de demandas que buscan tomar activos de la compañía, dijeron los abogados, pues solo un conjunto de órdenes ejecutivas de Estados Unidos, que expiran en el 2023, protegen a Citgo de ser subastada.
“Esto añade un elemento burocrático más de control, lo que es innecesario. Esta decisión se está tomando como resultado de un conflicto político”, manifestó el procurador general.