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Hace solo unos días, el primer ministro, Gustavo Adrianzén declaró a la prensa: “No se ha previsto la remoción de ningún ministro de este Gabinete”. Sin embargo, ayer Walter Ortiz renunció al cargo de ministro del Interior, en un contexto complicado, entre acusaciones por su papel en la desactivación del grupo policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y la ausencia de acciones concretas para intentar solucionar el problema de la inseguridad ciudadana.
¿Quién cargará la responsabilidad de encaminar -y liderar- la lucha contra la delincuencia y la criminalidad? Juan José Santiváñez Antúnez es el nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter).
Santiváñez se desempeñó hasta hace poco como viceministro de Orden Interno del Mininter. Pero, su paso por la cartera no es reciente.
En mayo de 2020, durante el Gobierno de Martín Vizcarra, el entonces ministro del Interior, Gastón Rodríguez, designó jefe del Gabinete de Asesores de su despacho a Santiváñez, quien renunció después de que informes periodísticos revelaran que había representado a miembros de la policía en casos relacionados con presuntos actos de corrupción.
En febrero último, se incorporó a este Gobierno también como jefe del Gabinete de Asesores de la Alta dirección del despacho del Mininter en la gestión de Víctor Torres. Luego al asumir la cartera, Walter Ortiz lo nombró viceministro.
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Los ministros del Interior
Es evidente que no hay una estrategia clara para combatir la delincuencia, inseguridad y criminalidad. Esta situación hoy afecta de manera trasversal a todos. A esto se suma que Perú ha entrado en una situación en la que los cambios de ministros son “pan de cada día”, lo que limitaría tener planes más robustos con miras de largo plazo.
Santiváñez se “corona” como el ministro número 13 durante el Gobierno actual (Pedro Castillo - Dina Boluarte).
De hecho, según información de Videnza Instituto, en su observatorio Propuestas del Bicentenario, se muestra que hasta antes de este cambio, el tiempo promedio de la gestión ministerial en el Mininter era de 1.4 meses.
Esta cifra se ha ido reduciendo: entre el 2001 y 2016, el tiempo promedio en cada periodo de gobierno (tres en total) era de 8.7 meses. Luego, entre 2016 - 2021 se redujo a 5.5 meses, y ahora apenas se supera el mes.
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Empresarios y trabajadores
Aunque no debería hacer falta, es necesario subrayar lo evidente: los ciudadanos exigen mayor seguridad. Además, desde la parte empresarial, se pide condiciones mínimas de seguridad para continuar con los negocios y apostar con su inversión (Ver opiniones). Además, los trabajadores también han levantado la voz.
Con fecha del 10 de mayo, y enviada formalmente el 13 de este mes, los representantes de empresarios y trabajadores manifestaron mediante una carta su preocupación por la inseguridad ciudadana a la presidenta de la República, Dina Boluarte.
La Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FTCCP), Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Asociación de Exportadores (Adex), Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) y Cámara de Comercio de Lima (CCL), cuestionaron que después de una reunión en marzo último, no se haya dado seguimiento a los acuerdos ni haya habido avances.
“En marzo, nos reunimos con usted dos veces, la última fue el miércoles 27 de marzo del 2024, en la cual tuvimos el privilegio de escuchar detenidamente la exposición sobre el Plan Perú Seguro, compartiendo nuestras impresiones y ofreciendo sugerencias (...) Sin embargo, desde la última reunión no hemos sido convocados a una reunión con el ministro del Interior o con usted (...)”, resaltaron en el documento.
Gestión consultó a Confiep y a Adex su percepción sobre la situación actual. Además, conversó con el representante de Mypes Unidas.
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“Queremos ver voluntad política en la lucha contra el crimen”
Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep
En un contexto en el que el crimen organizado y la inseguridad están ganando terreno en perjuicio de todos, necesitamos una mano firme y continuidad en las estrategias para el combate al crimen bajo responsabilidad del Ministerio del Interior. Sí, se trata de una cartera muy difícil, pero ante esta escalada de violencia, el Gobierno tiene que tomar decisiones claras para enfrentar a este flagelo.
Los gremios empresariales y los gremios de trabajadores nos hemos unido en un frente común contra la delincuencia y el crimen organizado. Hemos elaborado propuestas concretas, entre ellas la implementación de Centros de Flagrancia para administrar justicia en cortísimo tiempo; también ofreciendo usar el mecanismo de OxI para mejorar la infraestructura de seguridad y justicia.
Pero, sobre todo, queremos ver voluntad política y perseverancia en la lucha contra el crimen. En el marco de una recesión económica “autoimpuesta”, es necesario retomar la senda del crecimiento económico para reducir la pobreza y generar bienestar, para ello se requiere atraer inversiones.
Pedimos las condiciones mínimas de seguridad física, que genere confianza para invertir en nuestro país, especialmente para las mipymes.
“Un ministro solo no va a resolver, se necesita a todos los actores”
Julio Pérez, presidente de Adex
La calificadora de riesgo S&P redujo la calificación de Perú, entre otros, por problemas de inestabilidad política que finalmente impactan en las inversiones. A esto se suma lo que viene ocurriendo en el país desde hace tiempo: la inseguridad ciudadana. El tema cada vez se complica más. Cualquier persona que invierta en el país pide condiciones mínimas de seguridad. Es un tema difícil de arreglar, sí, pero es crítico para todos.
Nosotros visitamos al ministro del Interior saliente, y en esa reunión estuvo (como viceministro) quien hoy liderará la cartera. Hablamos con él y vimos buena voluntad, notamos conocimiento. Nos da algo de optimismo, pero quiero subrayar: el ministro solo no va a hacer nada.
Se necesita una mesa con todos los actores, incluyendo gremios y sindicatos. Un ministro solo con el Ejecutivo no va a resolver. El Congreso también debe ayudar, no se pueden sacar leyes que agudicen la inseguridad. Necesitamos dialogar de todos los temas.
En Adex tenemos socios en todo el país y podemos decir que hay extorsiones a todo nivel, sicariato, chantajes. Vamos a pedir cita al ministro. Queremos que se reactive el comité contra la delincuencia y que se permita que gremios y sindicatos se incorporen al Consejo Nacional de Seguridad.
“No hay un plan estructurado contra la delincuencia”
Daniel Hermoza, presidente de Mypes Unidas
Nosotros permanentemente hacemos sondeos en todos los sectores. Hace poco hicimos una encuesta, por ejemplo, a bodegas que son pasibles de enfrentar estos problemas. Ellos tienen una percepción de “cero protección” del Estado. Hay una sensación muy fuerte de que la inseguridad aumenta sin freno. Lo propio pasa con las farmacias, tienen esa sensación se inseguridad.
Lo que pasa es que no tenemos un plan estructurado. Entre quien entre al Ministerio del Interior, deberíamos saber qué hacer. Le estamos entregando a “las figuras”, a “los nombres”, la responsabilidad de algo que no ha hecho este Gobierno:tener un plan.
Hay que llamar a todos los actores, públicos y privados, para generar un sistema de control que impida que los delincuentes circulen con impunidad. Hay que entender que están las funciones del ministro, que debe cumplirlas, pero debe haber un “paraguas” que es un plan contra la delincuencia. No solo es el tema punitivo, sino sumarle el tema educativo, porque se trata de tener una mirada integral. Nosotros propusimos el año pasado, por ejemplo, que se incremente un año de estudios técnicos. Tenemos que arrancar a los jóvenes de esta situación.
Presupuesto se ejecuta, pero falta estrategia clara
Para este año, los tres niveles de gobierno cuentan con S/ 5,676.5 millones para “reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”. A la fecha (15 de mayo) ya cuentan con un avance de 30.2%.
El mayor presupuesto se concentra en el Gobierno nacional, es decir, en el Ministerio del Interior (S/3,823 millones).
En los años anteriores, al menos los últimos cuatro, los recursos para esta categoría presupuestal se han mantenido por encima de los S/5,000 millones. Es más, el gasto de estos montos ha superado el 90% el total, un avance bastante destacable.
Sin embargo, ya en su momento, Rubén Vargas, experto en temas de crimen organizado, había comentado a Gestión: “Lo que habría que evaluar es cuáles son las actividades ejecutadas bajo el paraguas de este presupuesto. Lo que hay que preguntarnos es cuál es la efectividad de esas acciones, por ejemplo, en prevención y si son realmente eficientes en lo que se gasta. Porque claramente la victimización ha aumentado. No hay prevención eficiente que evite cortar la cadena del delito”.
Hay algunas acciones generales como patrullaje por sector, operaciones policiales para reducir delitos y faltas, comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana, entre otros. También hay otras acciones específicas como mejoramiento de los servicios de prevención del delito en la población más vulnerable al crimen, de los servicios de seguridad ciudadana en San Juan de Lurigancho, de los servicios policiales preventivo y operativo de las comisarías rurales en Lambayeque, entre otros.
Inseguridad y extorsión son los principales problemas
Como parte del Tablero de Productividad 2023, del Consejo Privado de Competitividad (CPC) con la colaboración de Apoyo Consultoría, se le encargó a Ipsos realizar una encuesta a 1,500 bodegueros clientes de Backus. En ese momento, los resultados fueron alarmantes.
El 83.9% señaló que su principal problema para hacer negocios y para crecer es la inseguridad o la extorsión.
Aunque ya es preocupante que poco más de ocho de cada 10 bodegueros indicara que los robos, destrucción de propiedad o pago de cupos es un problema grave, esto se eleva en algunas zonas del país. El 89.6% de encuestados en el norte del país –es decir, casi nueve de cada 10– respondió en la misma línea, así como el 86.2% en Lima Metropolitana.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.
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