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Una de las mayores preocupaciones en las familias peruanas es encontrar un empleo y que este sea adecuadamente remunerado, pero el camino parece ser más difícil por las mismas trabas que se coloca el gobierno de Pedro Castillo.
Según las cifras del INEI, en el país hay 9.01 millones de peruanos con empleo informal a junio de este año, sin condiciones para el reconocimiento de sus derechos laborales, una medición realizada en el área urbana.
Es decir, son personas que trabajan en pequeños negocios sin gratificaciones, ni CTS, sin ONP o AFP, ni vacaciones, y menos -lo reclama el Gobierno de turno-, sin derechos de sindicalización.
Este no es un problema enteramente de la pandemia del COVID-19, dado que la informalidad laboral es una problemática desde hace muchos años.
La otra cifra que debería alentar es que, hay 16.3 millones de peruanos con empleo, pero de este número más de la mitad (8.9 millones) está en condiciones de subempleo, con bajos ingresos por el trabajo realizado.
Por ejemplo, un ingeniero mecánico que debería laborar en una planta, pero que realiza un servicio de mantenimiento por horas, sin el reconocimiento remunerativo.
Eduardo Jiménez, economista de Macroconsult, comenta que los ingresos promedios en Lima Metropolitana, por ejemplo, bajaron de S/ 1,750 a S/ 1,500 en estos momentos.
Recuperar los ingresos podría demorar más tiempo, “definitivamente no será en el 2022, sino habrá que esperar más para volver a las cifras de ingresos prepandemia. El empleo se puede recuperar, pero los ingresos demoran más”, sostiene.
¿Qué hacer para reducir la informalidad laboral o contar con mejores condiciones para que se eleve el empleo adecuado o de mejor calidad?
Más inversión, reactivar la economía, medidas que permitan asegurar un empleo permanente, explican los empresarios, pero sobre todo reiteran que debe existir menos incertidumbre.
“Si uno tiene un puesto en un mercado, pero ahora los dueños del mercado dicen que lo van a cambiar sin saber ni cuándo ni cómo se hará dicho cambio, el comerciante no podrá decidir qué hacer. Eso mismo ocurre en el país con la inversión privada”, explicaba el presidente de ComexPerú, Juan Fernando Correa, el fin de semana, en Agenda Política.
La incertidumbre es ello, no saber que pasará y menos qué hacer, y por ende si seguir o no invirtiendo, afectando la generación de empleo y haciendo que se tarde más la recuperación de mejores salarios.
Primera trabas desde el propio Gobierno
El presidente Pedro Castillo está en plena gira en México y Estado Unidos, en el que se ha puesto como tarea atraer la inversión privada. Más inversión implicaría más empleo y mejores condiciones para las familias.
“No vamos a expropiar, bienvenida la inversión al Perú”, expresa el mandatario en sus mensajes.
Sin embargo, en el Perú se ha puesto en agenda la Asamblea Constituyente, es decir el cambio en las reglas con la que cualquier inversión decidirá si llega o no al país.
“El cambio en la constitución generaría mayor incertidumbre en el Perú, es el mayor riesgo que tiene el país”, comentaba, Jaime Reusche, de Moody’s, entidad que hace poco bajó la calificación crediticia al país.
Miguel Jaramillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad (CPC) añade que este es un factor clave en las decisiones de inversión, por lo tanto de empleo permanente.
Reitera que cambios en la constitución se pueden dar, pero sin que ello afecte la recuperación de la economía.
Institucionalidad en riesgo
La segunda traba que se coloca el gobierno es el riesgo institucional, que pone en alerta decisiones de inversión.
Uno de ellos, expresa Jaramillo, es que, con el cambio en la Constitución algunas entidades como el Banco Central de Reserva (BCR) pueda perder la autonomía que tiene hasta el momento. Una entidad que ha dado estabilidad en la inflación y en la moneda, pese a la crisis coyuntural.
Lo mismo podría ocurrir con otras entidades que puedan tener más un manejo político, que técnico, como la SBS, Sunat, y otras entidades supervisoras.
“Los organismos reguladores como Osiptel, Ositran, Osinergmin y otros están vinculados directamente con la inversión privada, el cambio en las reglas regulatorias afectaría la inversión y con ello la generación de empleo”, expresó.
Nombramientos sin idoneidad
Los recientes nombramientos del entorno de confianza del gobierno han sido cuestionados, no por la cercanía a la posición política partidaria, sino por la idoneidad para ejercer la función pública asignada.
El más reciente, el nombramiento del presidente del Consejo Directivo de Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, cuya designación obedecería más a favores políticos que técnicos, y lo que generó la renuncia de los demás miembros del consejo directivo.
Esa es la tercera traba que se coloca el gobierno, que frena la inversión, la reactivación y que brinda las mejores condiciones de empleo y salarios.
En medio de este debate de nombramientos, aún sigue pendiente la propuesta del Ejecutivo para los integrantes del directorio del BCR, en el que Julio Velarde ha sido voceado, pero aún no confirmado.
¿Cambios tributarios y laborales?
En el caso de los cambios laborales y tributarios que están en la agenda del Gobierno, despierta interés entre los agentes de inversión, sin embargo ello tendría que pasar por el Congreso de la República.
Miguel Jaramillo comenta que este tema tendría un largo debate en el parlamento.
Además, el partido de Gobierno no contaría con los votos suficientes para las reformas sin que ello tenga un amplio debate.
¡Inversión 2022 en negativo!
Hace unos días el BCR presentó sus expectativas de crecimiento para el 2022, indicando que la inversión pública crecería “cero” el próximo año, sin embargo entidades como Macroconsult y Thorne & Associetes estiman que la inversión sería negativa.
En otras palabras, habrá menos inversión el próximo año; los factores, por lo antes señalado, la “incertidumbre”, el cambio de reglas, o el lento proceso de medidas para la reactivación sin establecerse una ruta adecuada.
La medición que se sigue es la encuesta de las expectativas empresariales que el mes pasado fueron a la baja para los planes a tres y doce meses.
En el caso de Thorne & Associetes, considera que la inversión privada caerá en 7%, debido a que este año una parte del componente de la inversión ha sido por la construcción (50%), la que se vería afectado en el 2022.
Por su parte, Eduardo Jiménez, de Macroconsult, menciona que ellos proyectan una caída en más del 10% de la inversión privada, y aunque observan una recuperación del empleo, este sería de menor calidad.
A ello, se suma que la pobreza no tendrá la recuperación deseada en los próximos años.
