
Las lluvias intensas, inundaciones y huaicos asociados al fenómeno de El Niño pueden poner en riesgo la seguridad de los trabajadores y obligar a las empresas a modificar o incluso interrumpir sus operaciones. Pero las consecuencias de una emergencia climática no se limitan a los peligros físicos: las jornadas prolongadas, el agotamiento y las afectaciones psicológicas también pueden comprometer las condiciones en las que se desarrollan las actividades laborales.
Sin embargo, ¿hasta dónde llegan estas medidas? ¿Una empresa puede dejar de pagar remuneraciones si paraliza sus operaciones? ¿En qué circunstancias un trabajador puede negarse a cumplir una orden sin exponerse a una sanción? ¿El agotamiento físico o psicológico también podría justificar que deje de trabajar?
¿Qué establece el protocolo del MTPE?
El “Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el Fenómeno El Niño” tiene alcance nacional y está dirigido a empleadores y trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. El documento establece lineamientos para prevenir y gestionar los riesgos laborales asociados a las emergencias climáticas, desde la preparación de las empresas hasta la recuperación de sus operaciones.
Entre sus principales disposiciones, el MTPE plantea suspender o reprogramar inmediatamente las labores cuando las condiciones climáticas o del entorno superen las medidas de seguridad disponibles.
Esto comprende situaciones en las que continuar trabajando podría poner en peligro al personal, como operar maquinaria en terrenos inundados o inestables, ingresar a estructuras dañadas o realizar actividades cerca de instalaciones eléctricas afectadas por el agua.
En estos escenarios, el protocolo contempla detener las tareas hasta que se evalúen los peligros y se establezcan condiciones seguras para retomarlas.

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Asimismo, el documento plantea mecanismos para que los trabajadores puedan interrumpir o rechazar tareas ante un peligro inminente para su vida o salud. Para ello, recomienda establecer canales de comunicación que permitan reportar condiciones peligrosas y activar medidas de protección.
El protocolo también incorpora la fatiga física y mental y los riesgos psicosociales, recomendando reorganizar turnos, establecer pausas, evitar jornadas excesivamente prolongadas y considerar apoyo psicológico cuando corresponda.
No obstante, vale decir que el protocolo se trata de un instrumento técnico orientador, por lo que no crea nuevas obligaciones laborales. Además, aborda otros peligros asociados a El Niño, como la exposición a temperaturas elevadas, radiación solar, sustancias químicas y agentes biológicos.
Para enfrentarlos, propone actualizar las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPERC), reforzar los planes de emergencia, capacitar al personal y verificar las condiciones de seguridad antes de reanudar las actividades. También contempla alternativas como el teletrabajo cuando las vías de acceso a los centros laborales resulten afectadas.
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¿Cuándo puede una empresa paralizar labores sin pagar sueldos?
La paralización de actividades por los riesgos de El Niño no implica que las empresas puedan dejar de pagar remuneraciones. Karen Bustamante, asociada principal del estudio Echecopar, explicó que el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que la interrupción por peligro inminente no debe generar perjuicio económico al trabajador.
Sin embargo, la situación cambia cuando los efectos del fenómeno climático imposibilitan temporalmente las operaciones. Jaime Cuzquén, Associate Partner del área Laboral de EY Perú, señaló que una empresa podría acogerse a una suspensión perfecta de labores, pero debe acreditar un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible. No basta con alegar la existencia del fenómeno o una reducción de la producción.
Por ejemplo, una empresa puede paralizar preventivamente sus operaciones por lluvias intensas y continuar pagando sueldos. Pero si posteriormente un huaico destruye sus instalaciones, podría evaluar una suspensión perfecta de hasta 90 días, previa comunicación a la autoridad laboral y sujeta a verificación posterior.
Brian Ávalos, socio del área Laboral de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, añadió que antes de recurrir a esta figura deben evaluarse alternativas menos perjudiciales, como el teletrabajo, las vacaciones o la reasignación de funciones. De declararse improcedente la suspensión, correspondería pagar las remuneraciones del periodo afectado.
¿Hasta dónde puede un trabajador rechazar tareas peligrosas?
Bustamante explicó que el artículo 63 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo permite interrumpir actividades cuando existe un peligro inminente que representa un riesgo importante o intolerable. En estas circunstancias, el trabajador puede incluso abandonar inmediatamente el lugar sin esperar autorización del empleador, aunque debe comunicar lo ocurrido cuando las condiciones lo permitan.
¿Puede ser sancionado por hacerlo? La especialista precisó que una evaluación posterior de la empresa que determine que las condiciones eran seguras no convierte automáticamente la negativa en una infracción. Deben considerarse las circunstancias y la información disponible cuando el trabajador tomó la decisión.
No obstante, Cuzquén advirtió que podría corresponder una sanción si se acredita que el trabajador actuó fraudulentamente o de mala fe, pese a ser evidente que no existía peligro. Asimismo, si la empresa ofrece funciones alternativas seguras y compatibles con las capacidades del trabajador, este deberá cumplirlas.
En estos casos, la interrupción justificada no debe ocasionar perjuicio económico, salvo los supuestos legales de caso fortuito o fuerza mayor. Si se impone una sanción indebida, el trabajador puede cuestionarla ante las instancias correspondientes.

¿El agotamiento psicológico también permite dejar de trabajar?
El agotamiento físico o mental también puede comprometer la seguridad durante una emergencia climática. Ávalos explicó que una fatiga intensa que afecte la atención o coordinación durante una tarea crítica debe evaluarse como un riesgo laboral y no simplemente como una falta de voluntad del trabajador.
Como ejemplo, mencionó a empleados reasignados a labores de emergencia que cumplen turnos de 12 horas o más y desarrollan un agotamiento que compromete su capacidad de respuesta. En estas circunstancias, podría justificarse la interrupción de una tarea si existe un peligro inminente para su seguridad o salud.
Sin embargo, no cualquier episodio de estrés o cansancio permite dejar de trabajar. Bustamante precisó que debe existir un riesgo importante o intolerable, mientras que Cuzquén consideró que el agotamiento debe estar vinculado con las condiciones laborales y no exclusivamente con circunstancias personales.
Respecto a las obligaciones empresariales, Bustamante explicó que la legislación ya exige prevenir los riesgos psicosociales, incluidos aquellos relacionados con jornadas prolongadas, sobrecarga y exposición a situaciones traumáticas.
No obstante, ello no implica modificar automáticamente horarios o brindar apoyo psicológico a todos los trabajadores. Las medidas deben responder a los riesgos identificados en cada empresa.
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¿Qué consecuencias enfrentan las empresas?
Si bien el protocolo del MTPE tiene carácter orientador, los especialistas coincidieron en que las obligaciones legales de seguridad y salud en el trabajo siguen siendo exigibles.
Ávalos advirtió que los incumplimientos podrían generar multas de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), demandas por daños y perjuicios e incluso responsabilidades penales en determinados supuestos.
Por su parte, Cuzquén precisó que, cuando una empresa haya adoptado las medidas preventivas correspondientes, deberá evaluarse si el carácter extraordinario del evento climático influye en su responsabilidad frente a los daños ocasionados.
En consecuencia, las eventuales sanciones no derivan del incumplimiento del protocolo en sí mismo, sino de la vulneración de las obligaciones legales de prevención que ya corresponden a los empleadores.

Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.


