Foto: Congreso
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Un análisis elaborado por el Consejo Privado de Competitividad da cuenta -indica el último reporte de AFIN- que el 5.6% de los proyectos de la le de la Comisión de Economía del parlamento se presentan sin contar con un apartado de análisis costo beneficios y el resto, el 94.4%, posee un análisis costos beneficio “no aceptable”.

En términos del cumplimiento de los requisitos mínimos que debe contener un proyecto de ley establecidos en el artículo 75 del reglamento del Congreso, el 88.4% de estos tiene un análisis deficiente y el 11.6% restante posee un análisis insuficiente.

Ante este hecho que denota la falta de calidad en las propuestas legislativas, un propuesta clave para revertir esta situación es implementando el análisis de impacto regulatorio (RIA) en el Poder Legislativo.

Ello debiera implicar la creación de una oficina de estudios económicos al interior del Congreso. La problemática es evidente y la solución propuesta, desde varios frentes, es clara, aplazarla más solo significa seguir exponiéndonos a propuestas populistas y a soluciones que terminan perjudicando a toda la ciudadanía”, subrayó Aldo Chirinos, jefe del área legal de AFIN.

Para el gremio es fundamental que tanto la exposición de motivos como el análisis de costos beneficio de un proyecto de ley debieran ser las secciones de mayor importancia, en términos del nivel de profundidad en el análisis que ambos deben poseer.

Tomando en cuenta que la exposición de motivos detalla la problemática que hace necesaria una intervención normativa para corregirla y el análisis de costo beneficio debe comprobar que la solución que se pretende adoptar es realmente la mejor. Hecho que -hasta el momento- no sucede.

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