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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prorrogó el plazo para que la Comisión Multisectorial para la Reforma del Subsector Electricidad, que se creó el 2019, emita su informe final para actualizar la regulación para las actividades de generación, distribución y transmisión de la energía en el país.
Para ello, ese ministerio emitió la Resolución Suprema 011-2024-EM, por el cual prorroga por 20 meses adicionales, a partir de este 14 de julio, el plazo que tiene dicha comisión, para emitir su informe final con propuestas para aplicar una reforma integral a ese sector, es decir, hasta finales del Gobierno de Dina Boluarte. Esto dejaría como reto a un nuevo mandato el análisis del texto se pueda presentar.
Esa comisión, que integran el Minem, Osinergmin y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debía incluir en su reforma también al sector hidrocarburos, en lo relacionado con la provisión de energía eléctrica para el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
Con esta, suman ya cinco las prórrogas que el Ejecutivo ha aplicado al plazo para que la referida comisión evacúe su informe final, pues originalmente (cuando se creó el 2019), se preveía que sus conclusiones deberían plantearse en junio del 2022.
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¿A qué obedece la nueva postergación?
En la resolución, la Dirección General de Electricidad señala que es necesaria esta prórroga para poder realizar la convocatoria a un proceso de contratación de una consultoría para elaborar la propuesta del denominado Libro Blanco, con las propuestas para la modernización del sector eléctrico.
En ese mismo lapso adicional se ejecutaría dicha consultoría y obtendría como resultado la elaboración del referido documento, con las propuestas de ley y reglamentos de reforma del marco normativo de este subsector.
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¿Cuál era la necesidad de esta reforma?
En su momento, el Poder Ejecutivo vio la necesidad de aplicar una reforma integral que resolviera diversas distorsiones existentes en el mercado eléctrico, que se reflejaban en constantes incrementos en las tarifas eléctricas, pese a que existía sobreoferta de capacidad de generación, que se reflejaba en caídas en sus costos.
Una de esas distorsiones, por ejemplo, es la inclusión en las tarifas, de sobrecostos generados para el pago de garantías para asegurar ingresos a plantas de energías renovables no convencionales (RER) que no alcanzaban a cubrir sus costos de operación.
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Distorsión cuesta a usuarios más de US$2,000 millones
Tal pago se realiza a través de la denominada Prima RER, que se creó como mecanismo para atraer inversiones en centrales eólicas y solares (pero que al final significa un subsidio de los usuarios regulados) en subastas que convocó ProInversión en décadas atrás.
Según el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, los subsidios a los proyectos privados a través de la Prima RER a la fecha, significan el traslado de más de US$2,000 millones (a las tarifas), que hoy ya no se deberían aplicar, porque los costos de eólicas y solares (nuevas) han caído.
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Se posterga entrada de nuevas RER a bajo costo
De acuerdo con Rafael Laca, especialista de la consultora Enerkory, la reforma que estaba trabajando la comisión antes mencionada, precisamente debía determinar la nueva regulación que permitirá la incorporación de nuevas tecnologías RER a menor costo.
Laca coincidió en que esta prórroga parece ir en contra de la prédica del Gobierno de atraer e incorporar más inversiones en nueva generación basada en tecnologías renovables no convencionales (RER).
“Lo que pasa es que hay muchos intereses económicos de los propios generadores, distribuidores e incluso de la transmisión, que en cierta forma quieren que se mantenga el actual sistema (de regulación), que no haya cambios”, aseveró.
Esta prórroga en la modernización de la regulación eléctrica, añadió, afecta también las decisiones que la comisión debería aprobar para incorporar el concepto de la energía distribuida, y que permite a cualquier empresa, que pueda realizar su propia generación de electricidad, e inclusive vender sus excedentes al SEIN.
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¿Bomba de tiempo?
César Gutiérrez, especialista en temas energéticos, consideró que ésta prórroga, que se daría hasta marzo del 2026, puede ser una “bomba de tiempo” para el próximo Gobierno, pues para mayo de ese año ya se sabrá quién es el ganador de las elecciones en segunda vuelta.
Es una “bomba de tiempo”, por cuanto, aseveró, hay proyecciones de que la actual oferta de generación eléctrica de bajo costo, se acabaría en el último trimestre del 2025 (por el crecimiento de la economía), y a partir de entonces, se podrían disparar los costos de la producción de la energía.
Esto último ocurriría, porque se tendría que empezar a usar en forma regular centrales operadas a diésel, y no hay una oferta suficiente de generación de bajo costo para cubrir la futura demanda, y que este riesgo ya lo ha advertido el COES.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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