Doe Run Perú, ¿qué temas se tratarán en la próxima junta de acreedores?

Se conoció que el acreedor Doe Run Cayman -entidad que tiene el 27.99% de las acreencias de Doe Run Perú- está solicitando la remoción del liquidador concursal, siendo esta la tercera vez que se pide la salida del actual liquidador. Otros acreedores con participación relevante en DRP son el Ministerio de Energía y Minas, con un 29.32%, y la Sunat, que tiene otro 10%.

Por su parte, Carlos Carrizales, administrador concursal, señaló que en el proceso concursal se deben resolver tres puntos como son la puesta en operación de Cobriza, reducir el riesgo de cierre de minas y que esta unidad minera no sea devuelta al Estado; asimismo, resolver la situación de los acreedores laborales. “Se debe apuntar a una solución definitiva”, indicó.

La administración concursal de DRP señaló que se trabaja en la regularización de las partidas registrales para la firma del fideicomiso ante el Ministerio de Energía y Minas. Detalló que, en el caso de La Oroya, los trámites los está realizando ante la Dirección General de Minería. En lo que se refiere a la mina Cobriza, la administración concursal refiere que se realizan constantes coordinaciones con Osinergmin.

Antecedentes

Cabe recordar que este proceso concursal es resultado de un proceso de insolvencia generado por el grupo estadounidense Renco Group en el 2009, tras serle cuestionada su capacidad de cumplimiento de obligaciones ambientales (llamado entonces PAMA) ante el Estado, en los circuitos de

refinado de cobre, y debido a que la empresa había solicitado constantes modificaciones para aplazar este reajuste ambiental.

Tras la cancelación de los créditos revolventes por parte de las entidades financieras y el incumplimiento de pagos a sus acreedores, la empresa metalúrgica inició un proceso por el que pasaron cuatro administradores concursales (Right Business, Profit Consultoria, Dirige Consultoria y Carrizales Infraestructura) en once años, a través del cual se han propuesto diferentes estrategias de solución, que iban desde la liquidación en marcha seguido con un plan de reestructuración hasta la venta en conjunto y por separado de los activos de la empresa metalúrgica.

Ahora, como uno de los últimos hitos en el proceso concursal, en enero último se anunció que la junta de acreedores había aprobado una solución integral para los activos de La Oroya y mina Cobriza. En esta ejecución integral, se tenía definido la creación de dos empresas, cuyas acciones serían entregadas a los acreedores laborales (Nueva La Oroya S.A.); así como la potencial venta de la unidad minera Cobriza a través de la empresa Nueva Cobriza S.A.

Circunstancias

Fuentes del sector comentaron que para este próximo 21 de marzo ya se cumplen tres meses de paralización en la mina Cobriza como resultado de una rotura de relleno de relave ocurrido en diciembre pasado y que ocasionó la muerte de dos trabajadores. En ese sentido, se señala que las pérdidas diarias en mina Cobriza se estiman entre US$ 250,000 y US$ 300,000.

Se comentó además que, desde un anterior incidente ocurrido a mediados del 2019 en Cobriza, con una primera rotura de una relavera, la empresa tendría registrado pérdidas económicas por US$ 54 millones.

Y mientras que las actividades en Cobriza se encuentran detenidas, el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) en Junín se encuentra en operación atendiendo trabajos de refinado de zinc que vendría solicitando la empresa Nexa desde su planta metalúrgica en Lima Este. “Cajamarquilla es cliente en calcinado de zinc y el CMLO hace el servicio. Los trabajos de zinc en La Oroya son un 6% de la capacidad instalada. Se tiene una facturación de US$ 800,000 al mes, y se tiene un margen de US$ 200,000”, indicaron las fuentes.