A julio, la inversión pública en Perú ascendió a S/ 21,644 millones, un incremento de 10.2% respecto al mismo período del 2022. Si solo nos concentramos en las municipalidades y regiones, los gobiernos regionales ejecutaron 8.2% más en los primeros siete meses, mientras que los gobiernos locales registraron una caída de 10.6%.
De acuerdo con el Consejo Privado de la Competitividad (CPC), estos resultados -sobre todo el de los distritos y provincias- se debe a que las autoridades subnacionales se encuentran en su primer año de gestión, algo que históricamente reduce los montos de ejecución, pues los equipos son nuevos en el cargo.
El análisis de la ejecución de la inversión pública de los gobiernos subnacionales muestra que dos de los cinco gobiernos regionales con mayor presupuesto tuvieron una inversión pública menor respecto a lo registrado a julio de 2022: Cusco (-8%) y Áncash (-48%). Así, estos gobiernos regionales deben multiplicar por 4 y 11 su velocidad mensual de ejecución para ejecutar la totalidad de su presupuesto anual.
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De igual manera, dos de los cinco gobiernos locales con mayor presupuesto han reducido su inversión pública respecto al mismo período del año anterior: San Marcos (-49%) y Lima (-35%). Destaca el caso de San Marcos (Áncash), distrito con mayor presupuesto para obras a nivel nacional, cuyo avance financiero a julio asciende a 11.5%.
De hecho, una de las principales causas de la desaceleración del ritmo de ejecución de la inversión pública, sobre todo en un año caracterizado por una “curva de aprendizaje”, son las demoras en las adjudicaciones de proyectos.
Para el seguimiento de dicha variable, el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) del Consejo Privado de Competitividad (CPC) mide los retrasos entre la convocatoria y la buena pro en inversiones regionales y locales. En el segundo trimestre del 2023, mostró que los retrasos en los proyectos ascendieron al 84% del plazo programado para los gobiernos regionales, y al 71% para los locales.
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Es decir, los resultados muestran que, en promedio, los gobiernos regionales y locales tardan casi el doble de lo planificado en otorgar la buena pro a un proyecto. “En algunos casos, las demoras son casi tres veces en algunos gobiernos regionales y casi cuatro veces en algunos locales, resultado que demuestra que los gobiernos subnacionales han empeorado en el retraso respecto al segundo trimestre del 2022″, dice el CPC.
Gobiernos regionales
A nivel de regiones, el ratio de adjudicación (número de proyectos adjudicados/número total de proyectos) fue de 57%. Y, en cuanto al indicador de retrasos, tardan en promedio 19 días más lo previsto (84%) en otorgar la buena pro. Lo anterior implica un mayor nivel de retraso en relación al segundo trimestre del 2022, cuando el nivel de retrasos ascendió a 71%.
Por regiones, Puno presentó el mayor retraso (191%) en un proyecto que todavía no ha sido adjudicado. A este le siguen Huancavelica (154%) y Junín (151%). En contraste, Cusco registró la menor demora entre las regiones analizadas (6%).
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Si bien Cusco y Áncash son los gobiernos regionales con menor porcentaje de retraso, hay que tomar este resultado “con pinzas”, pues está influenciado por las escasas convocatorias realizadas al segundo trimestre de este año, cayendo en 50% y 97% respecto a lo que se había convocado al segundo trimestre del 2022.
Gobiernos locales
Con respecto a los gobiernos locales, el ratio de adjudicación fue de 81%. En cuanto al indicador de retrasos, hay mucha variabilidad en los tiempos de adjudicación, tardando en promedio 12 días (71% más) en otorgar la buena pro en relación a lo programado. Lo anterior implica un mayor nivel de retraso en relación al segundo trimestre del año pasado, cuando los retrasos ascendieron a 69%.
Para Luis Alberto Arias, exvicepresidente del directorio del BCRP, a nivel de gobiernos locales, la constante actualización de los presupuestos de las municipalidades perjudica la ejecución de proyectos. “Si te aprueban un presupuesto a mitad de año, no hay forma de que se pueda ejecutar al 100%. En la práctica, los presupuestos se modifican todos los meses, pero lamentablemente no hay trazabilidad para ver cuantas veces se modifica”, apunta Arias.
Al 30 de junio de 2023, las municipalidades que presentaron mayores retrasos fueron las de Moquegua (350%), San Martín (174%) e Ica (149%). Por otro lado, las municipalidades con menor retraso fueron las de Madre de Dios y Ayacucho con retrasos del 16% y 29%, respectivamente.
De hecho, por municipalidades, en cada departamento se observan grandes variaciones en los retrasos. Por ejemplo, San Martín e Ica ahora tienen retrasos de 174% y 149% respecto a la fecha programada mientras en el segundo trimestre del año pasado presentaban, en promedio, un retraso del 64%.
“Después de adjudicada una obra, otorgar la buena pro puede tomar tiempo. Sin embargo, es claro que estos procesos tienen mucho espacio para mejorar. Además, tenemos un mercado con una oferta de proveedores de mala calidad”, añade Arias.
En estos dos departamentos, San Martín e Ica, el total de proyectos convocados por sus municipalidades se redujo en 46% y 52%, respectivamente. La misma situación tiene Moquegua, pues tiene un único proyecto con un retraso de 350%, mientras que al segundo trimestre del 2022 tenía cuatros proyectos convocados con un retraso del 71%.
