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“Urge, hoy más que nunca, que el Perú sea más competitivo como primer paso para lograr ser el país desarrollado que todos queremos. Sin competitividad no hay desarrollo”.
Con estas palabras empieza el Informe de Competitividad 2021 del Consejo Privado de Competitividad (CPC), que será presentado hoy, e incluirá un balance de lo ocurrido el año pasado, así como 107 propuestas: se plantean 19 nuevas, que se suman a las 88 anteriores vigentes y/o modificadas. La presentación contará con la presencia del ministro de Economía, Waldo Mendoza.
¿Cuál ha sido la situación del 2020 en términos de competitividad en el Perú?
En marzo del 2020 se declaró pandemia y vimos que no estábamos preparados. Hay algunas cosas que reflejan estos retrasos. En salud, si nos comparamos con los países de la Alianza del Pacífico, estábamos muy por debajo, en términos per cápita, de camas UCI, médicos, al inicio de la crisis.
También entramos a la pandemia en una mala situación en términos de instituciones. Me refiero a las capacidades de los gobiernos de tomar decisiones para cerrar brechas. Desde marzo estamos tratando de tomar decisiones en términos de salud, cómo ampliamos las camas, pero ahora estamos en una segunda ola, con incapacidad de atender a los ciudadanos.
Otro indicador es el de infraestructura, estamos en el puesto 88 de 141 países (Pilar de infraestructura del Ranking WEF, 2019).
En el informe de Competitividad del CPC, de los nueve factores analizados, ¿cuáles son los más urgentes que deben ser considerados por el siguiente Gobierno?
Entre lo que proponemos, hay cuatro factores de urgencia, temas que tienen que atenderse ya, sea por la coyuntura o porque pueden resultar cosas interesantes: mercado laboral, salud, eficiencia del sector público e infraestructura.
Y hemos dejado cinco que los hemos llamado “de mediano plazo” que tiene que ver con ciencia y tecnología, capital humano y competencias, ambiente de negocios, logística y sistema de justicia.
El informe habla de “la productividad después del pandemonio”, pero también resalta que muchas veces los momentos de crisis se transforman en oportunidades: ¿Qué oportunidades ve para el Perú tras el covid-19?
La fortaleza fiscal es muy importante, pero la pandemia ha desnudado los problemas estructurales que teníamos, en institucionalidad, salud, toma de decisiones, entre otros. Esto nos permite decir, “hagamos un alto aquí” y digamos cómo vamos a lograr ser un país desarrollado y dar bienestar a los peruanos.
Mercado laboral
¿Qué enfoque dar para mejorar la competitividad laboral y que sea políticamente vendible?
A finales del 2020 perdimos 1.1 millones de puestos laborales (en Lima Metropolitana). ¿Qué proponemos?, también para buscar esa viabilidad política, un régimen temporal para la reactivación económica, es decir, facilidades para la contratación y liquidez para empresas más afectadas por el covid-19.
¿Qué facilidades?
Planteamos que hasta diciembre del 2022 se aplique el régimen de la pequeña empresa a las medianas y grandes, pero solo a aquellas afectadas por el covid-19. Esto es fácil de identificar, puedes considerar -por ejemplo- a las que hayan tenido una caída de 50% de sus utilidades, o las que pasaron de ganancia a pérdida, entre otros. Si se revisa la estadística, entre 2009 y 2019 se redujo la informalidad laboral en casi 8 puntos -con el modelo de pequeña empresa-. Ha funcionado.
¿También se tendría que abordar la parte tributaria?
Lo laboral siempre va de la mano con lo tributario. Estamos planteando crear un solo régimen para el pago del Impuesto a la Renta (IR) para las empresas. El Régimen Único Simplificado (RUS), el Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), y todos estos regímenes especiales no han funcionado. Queremos hacer un símil a lo que es el régimen tributario de personas naturales. Cómo funciona, pues tienes tasas marginales crecientes según tramos de ingresos netos. Con esto las empresas van pagando más conforme van creciendo.
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Salud
¿Cuál es el diagnóstico para el sector salud y qué hacer?
El 77.8% de establecimientos de salud de primer nivel tienen incapacidad adecuada de atender, y llega a 91% en Madre de Dios. Tienen insuficiencia de equipos o equipos obsoletos. Y el otro tema es la fragmentación del sistema, tenemos al Seguro Integral de Salud (SIS), pero también tienes otros; y el SIS solo maneja 8% del presupuesto.
¿Qué planteamos? Hoy tienes al Ministerio de Salud (Minsa), que es el órgano rector de salud, pero además supervisa directamente a muchas instituciones. Entonces, mejor sería crear una institución especializada por región y en Lima Metropolitana que se encargue de administrar la prestación de servicios de salud del primer nivel y para el segundo. Además, para el tercer nivel debería existir una institución que dé estos servicios.
Mencionó que el SIS solo trabaja con el 8% de los recursos. ¿Cómo reforzar el SIS?
Tenemos que consolidar con él para que sea realmente un fondo asegurador. Hoy no maneja más del 8% del presupuesto. No le permite negociar, no le permite buena asignación.
Y lo otro que tenemos que lograr es la interoperabilidad entre sistemas, y es algo que hemos propuesto. Tienes que transparentar los costos de Essalud, Minsa, regiones y que pueda haber una interoperabilidad entre ellos, en primer lugar; y luego -ojalá- con el sector privado, cada uno con sus costos.
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Infraestructura
Avanzar proyectos en infraestructura es un tema complicado, no solo por la gestión de los gobiernos subnacionales, sino porque el sistema de APP está muy cuestionado. ¿Qué hacer?
Estamos ejecutando -en promedio- en infraestructura S/ 28,000 millones en los últimos años; entonces, se deja de ejecutar alrededor de S/ 17,000 millones, esto equivale más o menos a 2% del PBI.
Proponemos dos esquemas. Para las obras públicas tradicionales, tenemos que evitar que haya duplicidad de funciones. Si identificamos bien las funciones del regulador, del supervisor, del concesionario, del concedente, entre otros, podríamos acortar 30% de los pasos que se toman hoy día para dar una buena ejecución. Y en el caso de las APP y obra pública, tenemos que utilizar nuevas metodologías, por ejemplo, los contratos de Gobierno a Gobierno.
¿Considera que el modelo Gobierno a Gobierno es bueno? Si bien funcionó en los Juegos Panamericanos, aún no se ve el impacto en la Reconstrucción.
El G to G es el mecanismo para proyectos de gran envergadura o para paquetes de proyectos. Estuve escuchando tanto el informe de Macroconsult como de Apoyo Consultoría, ellos -a diferencia de sus estimados para consumo e inversión privada- le ponen una cifra más interesante a inversión pública.
Es difícil, pero sí creemos que los G to G y los contratos con estándar internacional son una solución hoy para obras grandes de infraestructura si se aplican adecuadamente.
Eficiencia del Estado
Hablemos del último punto: eficiencia del sector público. ¿Qué se plantea?
Una propuesta está vinculada al funcionario público, que tenga el marco para poder funcionar (ver vinculada).
Otro punto también es que en el Perú se ha desconcentrado demasiado la toma de decisiones. Por ello, en nuestra propuesta decimos que tenemos que regresar a un nivel de toma de decisiones que con la escala te permita tomar medidas adecuadas, técnicas, pero también tengas eficiencia en el gasto. Por ejemplo, trabajar en el sistema catastral.
¿Hay avances en digitalización?
Justamente también hemos considerado en el informe que varios procedimientos ya tienen que digitalizarse y estandarizarse. Hay uno que es fundamental: licencia de construcción y licencia de funcionamiento. Hay municipios que tienen 19 pasos para dar la licencia de construcción, ahí planteamos digitalización, estandarización y agrupación también en mancomunidades.
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Tres propuestas para consolidar el recurso humano en el Estado
Fernando Zavala, presidente del CPC, señaló que los problemas del sector público se reflejan -entre otros- en un constante cambio de directores, situación que impide la toma de decisiones. En este sentido, en el marco de la presentación del Informe de Competitividad 2021, planteó tres propuestas para frenar esta situación, sobre todo en dos sectores: salud e infraestructura.
En primer lugar, se deben realizar procesos meritocráticos y nombramiento regulado. “Tenemos que hacer estos concursos, que la gente entre y darle un marco de protección a los funcionarios públicos. No puede ser que haya rotación de 6.9 meses en directores de salud y de 10 meses en el MTC. Entonces, se puede plantear un periodo determinado para tener una protección legal, para que puedas ejercer tu función”, señaló.
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En segundo lugar, comentó que se tiene que tratar de ser más preciso con las funciones de los reguladores, o los organismos de control como la Contraloría. Es decir, que no vayan más allá de sus competencias.
“Hemos identificado que en el 89% de los casos donde hay un informe de control que está relacionado a infraestructura, la entidad va más allá de su función. Estamos tratando de acotar hasta dónde pueden entrar los informes de control para darle un marco legal de protección a funcionarios que toman decisiones”, subrayó.
Y, finalmente, consideró que los directores generales de estas dos carteras críticas deben alcanzar un marco remunerativo más competitivo para que puedan ejercer la función y evitar las rotaciones continuas del personal.